Hablar, sí, pero sin rango institucional

Han pasado unas fechas y la actualidad cambiante y rica en noticias y acontecimientos, precampaña, sondeos y faroles de mal jugador de mus de referendos en Grecia, me hace pensar que de la declaración de cese definitivo de la actividad armada de la banda terrorista y la consiguiente ronda de reuniones del lehendakari, Patxi López, con los grupos políticos, hace una eternidad, pero lo cierto es que sólo han transcurrido un par de semanas. Lo suficiente para que a una mente como la mía, no excesivamente rápida, se le ocurran unas reflexiones que no pretenden ser originales.

Lo primero que se me plantea es la naturaleza de las reuniones, me pasa igual que con los ámbitos de exigencia a los que luego haré referencia. El nuevo escenario requiere y plantea nueva y muchas exigencias que presuponen o necesitan conversaciones y reuniones. La primera y más acuciante es la de la disolución y el desarme de la banda para que este cese definitivo lo sea sin lugar a dudas que se plantean en sectores sociales que, tan importantes en esta cuestión como son las víctimas junto a ello el fin de las medidas de excepción que se aplican a los presos, que no sólo sufren los propios presos sino sus familias. En definitiva, lo que la conferencia de paz de Donostia describió como cuestiones técnicas.

El reconocimiento a las víctimas ha de ser una expresión social y ética, no de política institucional

Pero, ¿son cuestiones como estas propias para su negociación con el Gobierno vasco? Las competencias para estas cuestiones innegablemente exceden de las del Estatuto de Gernika. Es el gobierno del Reino quien debe tomar las medidas precisas. Ni siquiera se trata de una negociación, ni de cesiones, simplemente de un proceso natural que culmine con el fin de una historia negra. ¿Actúa el lehendakari como representante del gobierno que tiene las competencias? A pesar de ser constitucionalmente el máximo representante del Estado, desde luego que no y mucho menos ahora cuando el gobierno del Estado está prácticamente en funciones. Por esto, las conversaciones, según han declarado los protagonistas, no han sido sino la repetición de posicionamientos políticos ya conocidos en todo el espectro, desde el Partido Popular hasta Bildu, incluido el Partido Socialista, quizá con la excepción del PNV que anda tratando de ubicarse nuevamente en el sistema de partidos tras la irrupción de otra fuerza abertzale capaz de disputarle una centralidad en este ámbito de la que siempre había disfrutado.

No han estado además estos posicionamientos políticos exentos de un componente ético que hace que no sean las instituciones el marco más adecuado para su discusión. Un primer ejemplo, la solución al conflicto. La adopción de una posición de consenso entre distintos, una posición política y ética, requiere la intervención no sólo de partidos sino de agentes sociales en un foro no institucional. Aunque solo de partidos se tratase, el marco jurídico actual y los componentes éticos de la cuestión hace que las instituciones no sean el ámbito ideal, incluido entre las instituciones el palacio de Ajuria Enea.

¿Cuál el componente ético? Pues, en realidad, pueden ser varios pero al que me refiero es a de las víctimas y al reconocimiento de su sufrimiento, del que la propia ETA era consciente cuando en sus documentos hablaba de socialización del sufrimiento.

Aprendí en mi niñez que para reintegrarse en el cuerpo místico de la Iglesia o reinsertarse en la gracia de Dios, el pecador ha de pasar por el sacramento de la penitencia que comprende los siguientes pasos: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. En el ámbito del Estado de Derecho para reinsertase en la sociedad los requerimientos son menores: basta con cumplir la pena, quizá el propósito de enmienda, pero éste, como el valor en la mili, se supone. Ni siquiera hace falta decirle los pecados al confesor, antes bien, éste tiene que probarlos.

Por ello las instituciones no son el ámbito más apropiado para llegar al consenso necesario que puede ser constituyente, al menos en el sentido de la llamada constitución interna. La exigencia ética de reconocimiento y homenaje a las víctimas ha de ser una expresión social y ética y no política en el sentido institucional, pues en este ámbito ni siquiera es exigible.

Desde luego, la libertad del lehendakari para reunirse con quien quiera es indiscutible, e incluso lo puede ser la necesidad de reunirse con los partidos tras un anuncio de importancia de la del día veinte de octubre. Pero creo que las reuniones deben ser no institucionales, no debe instalarse el Gobierno vasco en un pedestal que desde su altura reciba a los agentes políticos y sociales, sino como un agente más participar en los foros correspondientes que han de formar o diseñar un consenso que dé respuesta a las necesidades de las víctimas, a las necesidades de los presos dentro del marco de la legislación penitenciaria, que sea capaz de permitir a todas las opciones desarrollar sus propuestas.

Creo honradamente que la ronda de conversaciones en sí no es negativa, sobre todo en lo que coadyuva a la normalización de relaciones. Pero no creo que quedarse en esta iniciativa es responsable y que no acometer el trabajo necesario para lograr un consenso, insisto, constituyente, en el más amplio de los sentidos y sobre la base del reconocimiento y homenaje a las víctimas sin adjetivos no es responsable.