Guipúzcoa y Álava frenan a los menores inmigrantes

Si en algún momento existió un efecto llamada que incitaba a los menores extranjeros a elegir el País Vasco como destino preferente, las Diputaciones han logrado neutralizarlo en parte. Dos polémicas han influido en ello. La primera se registró en Guipúzcoa, con la apertura del centro de Deba en 2009, que suscitó las críticas del Ararteko y la fiscalía. Y en Álava, decenas de menores se fugaron en enero pasado del centro en que se hallaban porque la institución foral se negaba a tramitar sus órdenes de tutela, imprescindibles para que obtengan sus permisos de residencia. Ello ha hecho que el número de inmigrantes extranjeros disminuya en ambas provincias.

En Álava, el número de acogidos ha caído un 50% desde finales de 2009. En Guipúzcoa, ha pasado en algo más de un año de superar los 200 a quedarse apenas por encima del centenar.

Álava cerrará el centro de Zabaltzen tras caer un 50% el número de acogidos

La cifra de menores extranjeros se mantiene en Vizcaya por encima de 300

Una decena de expertos institucionales, trabajadores forales y ONG que siguen de cerca el fenómeno opinan que los menores han asimilado el mensaje de que no eran bien recibidos en estos territorios, optando así por otros destinos. Vizcaya escapa a la tendencia: el número de menores inmigrantes acogidos en esta provincia se mantiene estable por encima de los 300: sumaban 359 a finales del pasado ejecicio, según los datos remitidos por el Ararteko al Parlamento en su informe anual, y 335 según el balance anual del Departamento de Acción Social. Hoy en día, el número se queda en un total de 354.

En Álava, la cifra de menores extranjeros acogidos ha bajado de cerca de un centenar a finales de 2009, según el informe del Ararteko, hasta los apenas 50 de la actualidad. Visto tal descenso, se cerrará el centro de Zabaltzen, instalado en las dependencias de la Cruz Roja en Vitoria.

En Guipúzcoa, cuya Diputación no quiso facilitar a este diario el dato actualizado de menores acogidos, el efecto disuasorio de la polémica de Deba se hizo notar sobre todo en 2009. El número de tutelados superaba los 200 antes de la polémica apertura de dicho centro en febrero del pasado año. En mayo de 2010, unos 119 jóvenes inmigrantes vivían en sus dependencias. En su respuesta al Ararteko, incluida en el último informe de este, la Diputación guipuzcoana recalca que "la disminución progresiva del número de menores atendidos ha permitido poder ejercer de manera más adecuada la acción protectora". Como motivo de ese descenso, apunta que "los flujos de entrada" han disminuido.

Todos los expertos consultados por EL PAÍS, que piden no ser identificados, concluyen que tanto la gestión del centro de Deba como la actuación de Álava al no emitir las órdenes de tutela son las principales razones que explican el descenso en el número de acogidos. "Los menores aguantan lo que sea, siempre y cuando haya perspectivas de futuro; si no, se van", apunta uno de estos especialistas. "El boca a oreja funciona muy bien entre ellos. En cuanto no son bienvenidos en algún sitio, los demás se enteran en seguida", incide otro. Algunos también creen que la crisis puede haber influido en la caída.

Los consultados señalan otras cuestiones para entender la compleja realidad de los menores extranjeros y su relación con las instituciones:

- Juez y parte. Uno de los grandes problemas al evaluar lo que supone "el interés superior del menor" que defiende la ley es que las instituciones forales que les tutelan no tienen en cuenta su opinión. Decidir si un caso resulta grave o no es competencia exclusivamente suya, sin que exista ningún contrapeso que pueda garantizar que el derecho del menor a ser escuchado.

Los especialistas piden más garantías, por ejemplo, al establecer procesos claros que determinen si un chaval debe ser enviado a un centro para conductas disruptivas, con informes técnicos completos que argumenten la decisión para evitar que haya indefensión. Existe un debate abierto en el sector sobre cómo evitar este conflictos de intereses y crear contrapesos en apoyo del menor.

- Medios para vigilancia. Corresponde a las Fiscalías de Menores en cada provincia velar por el correcto funcionamiento y atención en los centros, pero la falta de medios en la Justicia hace que un seguimiento adecuado resulte casi imposible. El Ararteko también tiene competencias en la materia, pero sin potestad para exigir cambios.

- Pruebas poco fiables. Es muy difícil determinar si alguien es menor de edad solo con exámenes médicos. En el caso de las pruebas óseas, por ejemplo, existe un margen de error de cuatro años. Hace días, responsables de los Institutos de Medicina Legal de toda España solicitaron, respaldados por el Defensor del Pueblo, que estos exámenes no se usen salvo que no se disponga de otro método más fiable, ya que la prueba ósea y dental que se practica está sujeta a "grandes variaciones". Piden elementos adicionales, como una entrevista personal o un examen físico del joven o un estudio óseo de la clavícula.

Además, consideran que estas pruebas deben hacerse bajo supervisión de la fiscalía o la autoridad judicial. La apertura de procedimientos penales contra estos jóvenes por falsedad documental les dificulta después tramitar su documentación, por lo que los expertos planetan que, antes de recurrir a este método se prioricen otras opciones, como soliticar documentos adicionales a las autoridades del país de origen.