El Gobierno ofrece estabilidad a los funcionarios pero pide más sacrificios

Los funcionarios vascos siguen estando a salvo de los ajustes de plantilla, pero van a tener que pagar otra factura por mantener la estabilidad laboral y la mayor parte de sus condiciones salariales y laborales. Si en 2010 los empleados públicos de la Comunidad Autónoma Vasca -al margen los forales y dependientes de los ayuntamientos- sufrieron un recorte salarial del 5% obligados por el Real Decreto de 24 de mayo -el recorte salarial fue del 1,86% de media y el resto a través de rebajar la aportación a la EPSV, Itzarri- en 2012 van a sufrir otro zarpazo, pero en primas, complementos, y en las expectativas de progresión de su escala profesional.

Pese a todo, seguirán disfrutando de una perspectiva de recortes menos dura que las del sector público de comunidades como la de Castilla-León, o la catalana, entre otras razones porque la situación también es mejor. Aunque el crecimiento económico se ha estancado en Euskadi en el tercer trimestre con un 0,6%, dos décimas por debajo del resto de España, todavía la tasa de paro es la mitad, el 10,6 en el tercer trimestre, y el déficit está en el 1,3% con un endeudamiento vivo a finales del próximo año de unos 5.000 millones, el 50% del presupuesto de gastos del Ejecutivo.

Unanimidad entre las cuatro centrales mayoritarias que ven "un recorte más"

Se suspenden los contratos de relevo que ascendieron a 334 en 2010

Las 48.138 bajas por enfermedad de este año han supuesto 43,8 millones

Los 66.769 empleados públicos dependientes del Gobierno también tendrán el sueldo congelado para 2012 sobre la base del recortado de 2010. Es decir, será el tercer año consecutivo con el salario congelado frente a una situación en la que los precios siguen subiendo. El IPC de octubre estaba ya en el 2,9%.

El Ejecutivo de Patxi López propuso ayer a los sindicatos, en la primera reunión de la Mesa General de la Función Pública, la firma de un pacto por la sostenibilidad del empleo público, incluidos los interinos, y por la eficacia de los servicios públicos a cambio de un esfuerzo de reducción de 100 millones en gastos laborales.

El Ejecutivo argumenta que frente a la propuesta de CiU de reducir un porcentaje en el complemento de sueldo que paga a sus 231.013 trabajadores públicos, están en condiciones de ahorrar a base de congelar y eliminar diversas primas y la carrera profesional. "Es una propuesta muy alejada del modelo de recorte catalán o de lo que está haciendo el PP allá donde gobierna", dijo el viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos.

En concreto, el Ejecutivo socialista ofrece convertir a los interinos en funcionarios a través de Ofertas Públicas de Empleo (OPE). Esta cifra se ha reducido del 32% al 17% con las ya pactadas, que incluyen 12.692 plazas de las que ya se han cumplido 6.450. Pero, a cambio, pide sacrificios que los cuatro sindicatos mayoritarios presentes en la Mesa general, ELA, LAB, CC OO y UGT, no comparten ya que han anunciado el rechazo de forma unánime de la propuesta porque, según criticaron, "culpabilizan a los trabajadores por una crisis de la que no somos responsables".

Las propuestas concretas son la supresión de las primas por jubilación voluntaria que otorga la administración general. En algunos casos extremos ha llegado a las 19 mensualidades de prima. El segundo hace lo mismo con el contrato de relevo que, según las estimaciones del Gobierno vasco, podría afectar a unas 365 personas, 334 en 2010. La tercera es la suspensión de la opción de prórroga del servicio activo con 65 años. Afectaría a 201 empleados y entra de lleno en la política de amortización de puestos de trabajo, aunque no todas las plazas podrán amortizarse.

El tercer bloque incluye la revisión de los complementos de IT (incapacidad temporal) en los casos de enfermedad, de forma que únicamente cobrarían el 100%, que ahora es en todos los casos, sólo sería en bajas por accidente laboral. Los datos del Gobierno indican que en los primeros diez meses de este año se han contabilizado 48.135 bajas, con un coste en concepto de IT de 43,8 millones en materia de complementos.

La cuarta propuesta de recortes incluye la suspensión del devengo de la carrera profesional, que afectaría a Interior, Justicia, Educación y Osakidetza. Es decir, se reconocen las progresiones pero se suspende el pago. La quinta es la contención del absentismo. Esta lucha ha dado ya un ligero resultado al bajar del 6,1% al 5,15% en los últimos tres años. El Gobierno solo computa en este concepto las bajas por enfermedad común, no se incluyen ni vacaciones ni cualquier otro tipo de libranzas, bajas maternales, o licencias sindicales. Cada punto de absentismo supone un coste anual de unos 22 millones de euros. Junto a esas medidas concretas, seguirán adelante con otros ajustes como la suspensión de las sustituciones y acumulación de tareas para cubrir las vacantes.