Firmeza sin aspavientos

El PNV ha descubierto en los actos de reconocimiento a la última víctima de ETA, el inspector Eduardo Puelles, hasta qué punto son molestas las comparaciones. Lo que se puso de manifiesto con las emociones desbordadas del pasado fin de semana no fue un cambio de actitud moral ante el terrorismo, respecto a la cual poco puede reprocharse al nacionalismo institucional, sino el cambio de actitud política producido. Sólo los ciegos y desinformados pueden pasar por alto las diferencias entre el discurso del lehendakari López y el que sería imaginable en su antecesor ante un mismo hecho -resulta inconcebible que Ibarretxe pudiera calificar como "uno de los nuestros" a un policía nacional, pese a que hubiera nacido en Barakaldo-, así como dejar de apreciar el realzado protagonismo concedido a la familia de la víctima. Aunque pueda molestar.

Hace falta determinación, pero también contención democrática

Es un error que el antiterrorismo invada y penetre toda la vida pública

También en esto, especialmente en esto, debía notarse el relevo en el Gobierno: en que la condena neta a la sinrazón de quienes todavía a estas alturas siguen matando en el nombre de Euskal Herria no se vea mediatizada en el párrafo siguiente por una referencia al derecho a decidir o a las supuestas raíces políticas del socorrido conflicto. O en que las viudas puedan expresar en público el orgullo por el marido arrebatado y se retiren de los espacios públicos los carteles que ensalzan a miembros de la organización asesina.

Era el primer atentado mortal del primer Gobierno no nacionalista de Euskadi, objetivo él mismo y el partido que lo sustenta de las amenazas de ETA, y se comprende que quisiera mostrar con su reacción el nuevo tiempo que propugna también para tratar esta falla fatal en nuestra convivencia. Sin embargo, no le falta razón al PNV cuando advierte sobre las dificultades de mantener el mismo nivel de "épica" (sic) del discurso de López en Bilbao ante futuros crímenes. Evidentemente, la existencia de una organización terrorista que mata y amenaza a quienes ve como obstáculos para sus designios representa un problema que debe ocupar muy en primer lugar a cualquier gobernante. Y perseguir a sus miembros, deslegitimar sus pretextos y arropar a sus víctimas constituyen unas obligaciones que no siempre han sido atendidas en la sociedad vasca. De hecho, aún queda bastante por hacer en los tres aspectos, y por eso saben a nuevo esos pasos reparadores que se debieron dar mucho antes.

Pero colocar en lugar preferente la lucha contra ETA y la memoria de las vidas que arrebató, y crear anticuerpos sociales que dificulten su regeneración, no debería suponer que el antiterrorismo invada toda la vida pública. Neutralizar una amenaza de tal entidad requiere una respuesta firme y sostenida en el tiempo, pero sin aspavientos. Sin convertir esa respuesta en una suerte de ideología expansiva que impregna todo y, peor aún, crea pautas de ortodoxia y guardianes indeseados de su observancia.

La contienda democrática contra la violencia política, siempre mejorable, no puede desconocer la trayectoria declinante de ETA en todos los ámbitos si no quiere propiciar el efecto contrario: magnificar y realzar el problema, precisamente cuando la capacidad de la organización para atentar y condicionar la actuación de los poderes públicos y la sociedad está en el punto más bajo de toda su historia. Por supuesto, de la realidad ominosa de ETA no pueden zafarse cotidianamente los cientos de personas obligadas a vivir con protección o los colectivos de riesgo y sus familias. Pero no puede pretenderse que esa vivencia sea sentida por igual por el resto de ciudadanos, sobre todo cuando los efectos de ese terror selectivo se espacian en el tiempo.

Los estudios sociológicos ratifican esa percepción. Cuando el Sociómetro del Gobierno vasco de abril preguntó a los encuestados sobre los tres principales problemas de la comunidad autónoma, la violencia y la paz aparecían en el segundo lugar (40% de respuestas), a bastante distancia del paro y la inseguridad laboral (70%). Sin embargo, cuando se preguntaba a las mismas personas sobre sus inquietudes cotidianas, las del mercado laboral seguían en primer lugar, pero la violencia y el terrorismo descendían al noveno puesto (5%), por detrás de los problemas económicos, la vivienda, la salud, la familia, las pensiones o la educación. Pasar por alto esta circunstancia, aunque sea por el bienintencionado afán de acelerar el final de la pesadilla, puede tener efectos contraproducentes.

Por ejemplo, para la unidad básica de quienes anteponen el derecho a la vida a la ideología. Como los tiene ciertamente el impulso inquisidor de algunas instancias políticas y mediáticas de exigir a los demás el mismo fervor antiterrorista que les agita y apuntar como sospechosos o conniventes a quienes no dan la talla requerida. O la tentación de pasar por el tamiz del Código Penal cualquier conducta u opinión reprobable.

Otro ejemplo: lo sucedido con el artículo de Alfonso Sastre en Gara. La calidad humana del viejo y extraviado dramaturgo madrileño quedó retratada al no evitar que sus consideraciones sobre el "dolor" que nos aguarda si no se aceptan las pretensiones de ETA y su mundo coincidieran con las exequias de su última víctima. Ahora bien, interpretar que ese descarriado argumento puede entrañar un posible delito de amenazas no deja de ser un exceso. Al agitarlo con escándalo sólo se consigue dar publicidad gratuita y aureola de perseguido al escribiente, y provocar frustración social cuando la justicia determina que no cabe aplicar un artículo penal al reproche moral que merecen sus opiniones.

Hacer de la lucha contra quienes envenenan la convivencia y la hacen imposible la prioridad del Ejecutivo vasco, como ha anunciado el lehendakari López, es una exigencia democrática, algo que debería estar sobreentendido en todo programa de gobierno. Lo mismo cabría decir de la deslegitimación social de los pretextos con los que se trata de hacer digerible su violencia y del reconocimiento y amparo a quienes la han sufrido del modo más atroz. Se trata de una tarea de largo aliento que requiere determinación, pero también proporcionalidad y contención democrática. Para combatir a esa ETA sin futuro no hace falta situarla en el centro de nuestras vidas.