Euskadi persigue anular la multa de la UE por las 'vacaciones fiscales'

Las instituciones vascas se enfrentan hoy ante el examen final de las vacaciones fiscales. La UE dará la última palabra a las Diputaciones en el juicio que abre el Tribunal de Luxemburgo por unos incentivos que aquellas concedieron en los años noventa a empresas y fueron declarados ilegales por la Comisión Europea (CE). A un lado se sentarán la delegación vasca y la representación legal del Estado español. Y aunque resulte paradójico, enfrente se situarán los defensores de la Comisión Europea y del Gobierno de La Rioja. Un dictamen judicial favorable para Euskadi podría tener un efecto determinante para otro proceso paralelo, el que promueve Bruselas para imponer una sanción millonaria contra España por considerar que no se han recuperado íntegramente las ayudas concedidas.

Vizcaya argumenta que la Comisión Europea "cambió de opinión"

Mendia: "Las empresas han devuelto más de lo que dice la UE"

El Tribunal de Justicia de la UE verá hoy el recurso presentado en casación por las Diputaciones vascas contra la sentencia del 9 de septiembre de 2009 del Tribunal de Primera Instancia europeo que declaró ilegales las vacaciones fiscales: la exención del Impuesto sobre Sociedades concedida a las empresas constituidas en 1993 y 1994 durante sus primeros diez años de vida, siempre que invirtiesen más de 480.810 euros y generasen al menos 10 empleos. Aún siguen abiertos otros dos procedimientos, referidos a las minivacaciones y el crédito fiscal del 45%, también declarados contrarios a Derecho por la justicia europea.

Las Diputaciones vascas, que en este litigio cuentan con el apoyo del Gobierno autonómico, consideran que su actuación al aprobar aquellas ayudas fue "correcta", tal y como apuntó ayer el Ejecutivo vizcaíno, que contará en Luxemburgo con la presencia de su titular de Hacienda, José María Iruarrizaga. En su defensa, argumentarán que inicialmente la CE no consideró ilegales los incentivos, sino que fue a partir de 2000 cuando "cambió de opinión" y los calificó como ayudas de Estado. Por esta razón, la Diputación vizcaína sostiene que Bruselas "no debería haber exigido la recuperación de las cantidades disfrutadas por ser contrario a los principios del Derecho comunitario".

Guipúzcoa, que envía al director de Política Fiscal, Aitor Orena, insistirá en que las ayudas ya han sido recuperadas por las haciendas: "Vamos a defender básicamente que ya se han hecho las gestiones oportunas y se han recuperado los importes", afirmó el portavoz foral, Eneko Goia. Y Álava, en cuyo nombre irá su responsable del fisco, José Luis Cimiano, aportará como razonamiento la "situación de indefensión" en que se hallaron las haciendas mientras la Comisión no determinó la posible ilegalidad de las ayudas. Expondrán que Bruselas tardó 79 meses en elaborar el examen preliminar sobre la adecuación de esas ayudas fiscales a la normativa comunitaria.

En este proceso se enjuicia realmente si los controvertidos beneficios tributarios son ajustados al Derecho de la UE, aunque la resolución final afectará directamente a la obligación de recuperar las cantidades que las Haciendas dejaron de ingresar. La ratificación de la sentencia de 2009 supondría cumplir con las órdenes de Bruselas de exigir a las cerca de 300 empresas beneficiarias el reintegro de los incentivos. En cambio, si prospera el recurso de las Diputaciones, estas utilizarán el fallo para abandonar la vía de la recuperación de las ayudas, aunque han reiterado, en contra del criterio de la Comisión, que ya han sido devueltas en su totalidad.

Al respecto, la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, indicó ayer que las empresas han devuelto mucho más de lo que sostiene la UE por este capítulo. El proceso judicial, en su opinión, servirá no tanto para defender la legalidad o no de las vacaciones fiscales, "que está ya aclarado", sino para "defender, contra las posiciones de la Comisión Europea, que las empresas han hecho más devoluciones de lo que dice la UE".

La gran preocupación de las instituciones vascas es el efecto que tendría este proceso, y su correspondiente resolución, en la causa que abrirá la Comisión ante el mismo tribunal de Luxemburgo por continuar pendientes de cobro parte de las ayudadas concedidas. Bruselas, que en 2001 ordenó al Reino de España la recuperación de las mismas, anunció en noviembre pasado su intención de solicitar al tribunal la imposición de una sanción por incumplir aquel mandato y desoír las continuas advertencias hasta fechas muy recientes. Bruselas propone multar con unos 40 millones de euros (25.817,40 euros al día desde la resolución de 2006 hasta que el tribunal vuelva a pronunciarse sobre esta petición).