El Ejecutivo deberá revisar los perfiles de euskera en la Administración

El Gobierno deberá revisar todos los perfiles lingüísticos asignados a cada puesto de trabajo en la Administración para analizar si son los idóneos, o, en su caso, cambiarlos. El Parlamento aprobó ayer dicho mandato, tras debatir una propuesta de UPyD que reclamaba directamente la "reforma urgente" de todas las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y la paralización entre tanto de cualquier oposición o concurso de plazas vacantes.

Dicha formación no suscribió la decisión más matizada adoptada con los votos de PSE y PP, por considerarla insuficiente. Votaron en contra de EB, Aralar y el PNV, cuya portavoz en el debate, Ana Otadui, la tachó de "regresiva" y consideró el euskera "un mérito profesional".

El mandato obliga al Ejecutivo a "adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar el acceso a la función pública en condiciones de igualdad". El Ejecutivo tendrá que añalizar la idoneidad de los perfiles ya asignados atendiendo a tres variables: las necesidades del servicio de que se trate, la demanda de cada zona, atendiendo a las diferencias sociolingüísticas existentes, y la obligación de garantizar la relación con las administraciones públicas en cualquiera de las dos lenguas oficiales. En las futuras oposiciones, el Gobierno deberá equilibrar la puntuación como mérito del euskera con la que se da a los conocimientos profesionales requeridos para cada puesto.

El socialista Vicente Reyes puso de relieve que sólo el 56% de quienes tienen vencida la fecha para acreditar el perfil lingüístico exigido la ha cumplido, en lo que consideró una demostración de que las previsiones de gobiernos anteriores eran demasiado exigentes y poco realistas.

Apoyo a las tropas

El PNV sí respaldó, junto al PSE, el PP y UPyD, el apoyo del Parlamento al Gobierno central en la decisión de "mantener y aumentar las tropas en Afganistán" y la gratitud a las tropas en ese país, así como a las enviadas a Líbano, Bosnia, Kosovo, Congo y Chad.

La Cámara rechazó exigir al Gobierno que concrete en un mes los sectores, objeto y fecha de aplicación de cada ayuda dentro de los planes Renove, como pretendían Aralar y el PNV. Sí obligó al Ejecutivo a enviar cada año un informe sobre cumplimiento y modificaciones en el calendario legislativo comprometido en el Parlamento.