Arriola admite que el contrato era ilegal
El ex director de Miñano reconoció al juez que la elección a dedo de Urbanorma para la compra de terrenos vulneraba la ley - "Todos" en el parque lo sabían
Urbanorma, la empresa que Alfredo de Miguel, el exdiputado foral alavés imputado por la supuesta trama de corrupción que se conoce por su apellido, introdujo en el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Miñano fue designada a dedo para gestionar un contrato de asesoría por el que podría cobrar hasta 600.000 euros. Terminó llevándose más de 400.000. La ley de Contratos del Sector Público impide que los contratos de esta cuantía se adjudiquen de forma directa. Alfonso Arriola, entonces director del parque alavés, hoy también imputado en la causa, reconoció este extremo en su segunda declaración ante el juez instructor y aseguró que "todos", en alusión a los gestores del parque tecnológico, sabían que el contrato era ilegal, según consta en el sumario.
De Miguel introdujo a la empresa de Ainhoa Alberdi en el proceso
Arriola justificó dicha actuación alegando que no querían publicitar el contrato para evitar que el precio de los terrenos aumentase al saberse que el comprador final era el parque. En un escrito que envió a los medios informativos en abril de 2010, un mes después de su detención y posterior imputación, Arriola negó haber participado en cualquier intento de pago de comisión por estos hechos.
A medida que avanza la investigación del caso de Miguel, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, se van aclarando algunos aspectos del modus operandi de la supuesta trama en el Parque Tecnológico de Miñano. Lo ocurrido allí recuerda en varios aspectos a la fallida gran recalificación de terrenos en el Ayuntamiento de Zambrana, también investigada por la justicia. Por un lado, personas afines a De Miguel ocupaban puestos de responsabilidad. En el caso de Miñano, Arriola dirigía el parque alavés, Koldo Ochandiano era su responsable de finanzas, Aitor Tellería estaba al frente del semillero de empresas provincial y el propio De Miguel entró en el Consejo de Administración del parque tras ser nombrado diputado foral en 2007. Por otro, Urbanorma, una empresa de personas de su máxima confianza, como el militante del PNV Jon Iñaki Echaburu y la abogada Ainhoa Alberdi, consiguió poco después de su nacimiento, sin pasar por ningún proceso de adjudicación, el contrato para asesorar el proceso de ampliación del parque.
En medio queda la denuncia de Alberdi sobre una comisión pactada de antemano que ella supuestamente desconocía.
El contrato entre Urbanorma y el parque para la asesoría jurídica en la compra de hasta 900.000 metros cuadrados fue firmado en noviembre de 2006 por Alberdi y el entonces director de la Red de Parques Tecnológicos, Julián Sánchez Alegría.
En su denuncia, Alberdi explicó que fue De Miguel quien intervino en la negociación del contrato. Arriola también admitió en su primera declaración que fue De Miguel quien puso el nombre de Urbanorma sobre la mesa para la contratación.
Tras la marcha de Echaburu, Alberdi toma las riendas de la sociedad en solitario. Fue entonces, asegura, cuando supo de la obligación de pagar una comisión a De Miguel y Tellería, supuestamente pactada con Echaburu antes de la adjudicación. La abogada sustenta esta versión en 24 grabaciones que entregó a la fiscalía cuando interpuso la denuncia el 2 de diciembre de 2009.
González: "Con tolerancia cero no habría 'caso Miñano"
Han bastado 24 horas para que el diputado de Hacienda guipuzcoano, Pello González, de Hamaikabat, rompa su silencio después de que su homólogo alavés, el peneuvista José Luis Cimiano, le acusase de inflar ante la opinión pública los datos de la lucha contra el fraude en Guipúzcoa por su "afán de protagonismo".
A través de un comunicado oficial del departamento que dirige, González, quien será candidato de su partido a diputado general en mayo, recalcó que si la actitud de "tolerancia cero" de la Hacienda guipuzcoana la hubieran mantenido "otras instituciones no se hubieran dado los caso Bravo, Miñano y lo acontecido en la Hacienda vizcaína de otro tiempo". Los tres casos que cita -el fraude de la Hacienda de Irún, el núcleo del caso De Miguel y la actuación del ex jefe de la Inspección fiscal vizcaína que se está juzgando en estas fechas- se dieron con gobiernos del PNV en solitario. "Son cuestiones que nos sonrojan a todos y que nos distancian de la sociedad", añade.
González apunta que le "ha costado creer" que Cimiano dijese que la cifra de 317,5 millones de euros de fraude aflorados en Guipúzcoa en 2010 está hinchada para ofrecer "una imagen de lucha más eficaz". En Álava, la cifra se queda en 81 millones para igual periodo.
El diputado guipuzcoano considera que los datos "hablan por sí solos de la voluntad y del compromiso adquirido en esta legislatura", no solo por la dirección de la Hacienda foral, sino por "todos sus trabajadores".
"Cada seis meses vamos a las Juntas Generales de Guipúzcoa a hablar de algo que hasta ahora no se había hablado, es decir, a hablar del compromiso claro y rotundo de este diputado para combatir el fraude y la corrupción bajo la premisa de la tolerancia cero con conductas corruptas", apunta. Y enfatiza que no rinde cuentas a Cimiano. "Si las cifras que Guipúzcoa ha volcado año a año pueden sonrojar a otros por el comparativo, no es problema de este diputado", sentencia.
Aunque lamenta la expresión utilizada por su homólogo alavés, González muestra su confianza en poder "aclarar con serenidad" el desencuentro en la reunión dl Consejo Vasco de Finanzas del próximo martes.
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