Sin retroceso

En los estatutos del nuevo partido que la ilegalizada Batasuna presentará mañana en el registro del Ministerio del Interior se rechaza la violencia de ETA "si la hubiera", según explicó ayer el dirigente de la izquierda abertzale Rufi Etxeberria. Bastaría que el Gobierno no impugnase la inscripción para que la nueva formación quedase legalizada, pero hará bien el Gobierno en evitar hacerlo. Tal como están las cosas es mejor que la decisión, cualquiera que sea, la tomen los tribunales competentes, lo que acabará ocurriendo si, como ayer anunció Rubalcaba, el Ejecutivo insta al ministerio fiscal y a la Abogacía del Estado a oponerse.

Este movimiento de Batasuna se produce en plena tregua de ETA, pero sin indicios de que la banda esté pensando en retirarse definitivamente, que es el objetivo de la estrategia antiterrorista de la que forma parte la ilegalización. La cuestión es por ello si el compromiso de condenar la violencia de ETA "si la hubiera" servirá para que no la haya. Es posible que así sea porque la banda arriesga quedarse sin brazo político y sufrir una escisión interna si vuelve a las andadas. Y Batasuna ha ido demasiado lejos como para pensar en dar marcha atrás.

En lo que se conoce de los estatutos de la nueva formación se dicen cosas impensables hasta hace poco, como que el nuevo proyecto supone la ruptura con el anterior modelo organizativo y con sus vínculos de dependencia, o el compromiso de contribuir a la definitiva desaparición de ETA y el reconocimiento y reparación de todas de las víctimas, o la garantía de expulsar a quienes incurran en algunas de las conductas que la Ley de Partidos considera motivo de ilegalización, como dar apoyo al terrorismo, legitimar la violencia o la persecución de quienes se oponen a ella.

Pero hay puntos débiles en el planteamiento expuesto por Etxeberria. Se evita proyectar hacia el pasado el rechazo de la actividad terrorista, lo que seguramente guarda relación con la vieja hipótesis de Otegi según la cual gracias a la lucha armada es posible hoy alcanzar la independencia sin ella. Esto es poco coherente con el eventual rechazo futuro y resta credibilidad al compromiso con las vías exclusivamente políticas y democráticas. Sobre todo si se mantiene la referencia al "proceso democrático", es decir, a un procedimiento en el que se "consensúe una formulación" de la autodeterminación y la integración de Navarra, según interpretaba ETA en su último comunicado. Algo que resulta incongruente con la afirmación de ruptura con la estrategia anterior, basada en el intento de rentabilizar políticamente la violencia de ETA.

Si la legalización debe decidirla el Tribunal Supremo (y el Constitucional si hubiera recurso) los promotores del nuevo partido tendrán ocasión de aclarar esos puntos, decisivos para probar que se ha roto el vínculo con la estrategia de ETA que determinó la prohibición de Batasuna. Por tanto, el desenlace sigue dependiendo de lo que hagan sus dirigentes.