Lo que no se puede ni debe ceder

Treinta y dos años después de aprobada la Constitución, podemos afirmar que los españoles hemos sido los artífices de un gran éxito: en poco tiempo, hemos pasado de un Estado autoritario y centralista a uno de ciudadanos y descentralizado. El ritmo ha sido el adecuado y las consecuencias nos permiten compararnos favorablemente con cualquier Estado descentralizado. Tal ha sido el viaje, que algunos sienten vértigo por la rapidez, mientras que otros quieren seguir caminando aún más deprisa en el proceso descentralizador. Estos últimos parten de la tesis de que ya han pasado 32 años, y nos hemos quedado algo anticuados. Bien es cierto también que algunos, para modernizarse, parecen querer regresar, paradójicamente, al siglo XIX.

Debemos acordar qué competencias del Gobierno de España son exclusivas e irrenunciables

La coordinación y la cohesión son competencias del Gobierno central

Y si ha sido un éxito para España, para algunas regiones ha sido un auténtico milagro. Los extremeños, por ejemplo, no queremos ni oír hablar de la España centralista ni del nacionalismo económico español; ese nacionalismo que fue desde la Restauración del XIX hasta la Dictadura franquista, pasando por la Dictadura de Primo de Rivera. Para los extremeños, y para otros territorios, ese nacionalismo significó la ruina económica y la hemorragia de la emigración. El sistema fue la protección arancelaria del nacionalismo español, reservando el mercado interior para los productos textiles catalanes y siderúrgicos vascos (el arancel de 1826, el de 1849, el de 1869). Con Primo de Rivera se reservaron las cuotas de producción para los que ya producían, de tal manera que nadie podía fabricar en otro territorio lo que ya se hacía en las zonas protegidas.

Frente a los que quieren o añoran una España uniforme, defiendo la libertad de cada uno para sentirse español como mejor le parezca o a no sentirse español. Entiendo el derecho a definir a España como quieran. Lo único que no puede ser España es aquello que vaya quedando después de un proceso continuado de reforma de los estatutos de autonomía. España no puede ser un residuo. Si cada uno piensa en su trozo, alguien tiene que pensar en el todo, y ese es el papel y la responsabilidad del presidente del Gobierno. Para ello, muchos estamos dispuestos a ayudarle desde la lealtad y desde la responsabilidad. Estamos dispuestos a colaborar en un proceso que nos permita saber que nuestros derechos de ciudadano van a seguir estando garantizados por el Gobierno español y que, sea como sea el proceso, no se ponga en riesgo lo que nos es común y lo que nos hace fuertes y diversos.

España, como dice Felipe González, es un espacio público que compartimos. Y ese espacio compartido, en su configuración actual, es la resultante de laapuesta que hicimos los españoles en 1978, una apuesta que tuvo una virtud esencial, y es que concilió a los españoles desde el punto de vista fundamental de la democracia, devolviéndonos la condición de ciudadanos y, por tanto, garantizando la pluralidad de ideas y la diversidad territorial. La apuesta salió bien, el modelo resultante no hizo realidad los recelos de quienes aguardaban o profetizaban la desvertebración o la ruptura de España.

Hasta ahora el proceso territorial se ha basado en un juego de resultantes, donde España como un todo y los territorios como partes, han salido ganando, han salido fortalecidos. El juego no consistió nunca en decir: lo que yo me llevo a mi territorio lo pierde España como conjunto; cuando yo me fortalezco usted se debilita. No, no ha sido así. Ha sido siempre en positivo. El territorio se lleva como competencias lo que al ciudadano le viene bien, y el Estado mantiene, por su parte, las competencias que permiten la cohesión del conjunto y la igualación de derechos en el espacio que compartimos y que se llama España. Ese es el camino que debemos seguir recorriendo para perfeccionar el sistema, para hacerlo más eficaz y para que el proceso siga siendo de suma positiva para las partes y para el todo.

Ese es el desafío y ese es el reto. Si digo que la experiencia ha sido buena, añado, a continuación, que nunca un éxito ha dejado de tener problemas de ajuste e incluso insatisfacciones. Mi propuesta es, por tanto, que sobre el éxito de la experiencia vivida podemos mejorar y corregir, pero me opondré a que los pasos que den debiliten a ese conjunto que llamamos España, a costa de fortalecer a las autonomías, porque todos saldríamos perdiendo y especialmente, los más débiles. La experiencia salió bien. Si la tocamos tiene que ser para mejorarla y para que la suma siga siendo más positiva que antes. El único camino que me parece negativo es el que pretende conseguir el fortalecimiento de las partes, de uno o de los 17 territorios, a costa de debilitar el conjunto.

Yo puedo hacer el esfuerzo de comprender las razones que le llevan a pretender adaptar la legislación a las demandas ciudadanas de algunos territorios para quedarse con 20 o 30 competencias, que nos pertenecían a todos. Pero esas competencias no son del Gobierno, ni siquiera de las Cortes Generales. Esas competencias nos pertenecían a todos los españoles y a ellos no se les ha preguntado para que dejen de ser suyas y pasen a ser de unos cuantos. Sin duda, el Gobierno, al quedarse sin esas competencias, se debilitaría, pero en mi opinión, todos saldríamos más débiles de esa operación. En última instancia, dando por supuesto que todos aceptamos que tiene que existir un Gobierno para todos, para España, lo más sensato sería ponernos de acuerdo en señalar cuáles son las competencias que debe ejercer el Gobierno de España en exclusiva e irrenunciables para representarnos a todos en ese espacio común.

Me parecería un avance muy significativo y tranquilizador si, del debate surgido después de la sentencia del Tribunal Constitucional, el presidente del Gobierno de mi país hiciera el pronunciamiento firme de que la defensa nacional, la política exterior, la garantía en materia de justicia y de seguridad, en definitiva, la igualdad ante la ley, la Hacienda pública común -la que nos trata como a ciudadanos y no como a territorios- con una fiscalidad que sea la consecuencia de nuestra condición de ciudadanos españoles y no del lugar en que vivimos, son competencias irrenunciables del Gobierno central.

La coordinación general y la cohesión nacional deben ser competencias y funciones que jamás un Gobierno español debe perder. Si no fuera así, si esas competencias entran en la subasta autonómica, me temo que ni este Gobierno, ni ningún Gobierno futuro, estarían en condiciones de responsabilizarse y de garantizar los derechos ciudadanos en el espacio común que compartimos en España. Si no queda absoluta y convincentemente asumido y defendido que esas competencias son intocables, mucho me temo que empezará la subasta y que todo el mundo comenzará a pedir lo mismo. El resultado no será más y mejor de lo que iniciamos en 1978, sino menos y peor. Esa es la responsabilidad del Gobierno español y por ella será juzgado.

Esta forma de entender España no es similar a la que defiende el PP, como se le ha dicho a Bono. Es el PP, que no votó el Título VIII de la Constitución, el que se ha aproximado a esta interpretación. Lo increíble es que algunos socialistas se estén acercando a la interpretación que de España hacen los nacionalistas periféricos. Esta es la penúltima: "A diferencia de hace 30 años, ahora ya no hay riesgos de una represión militar", dijo el señor Puigcercòs la pasada semana en un ejercicio de cobardía y deslealtad.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura.