El primer gran pacto

El pacto social sobre pensiones, prácticamente cerrado, tiene una importancia política que difícilmente puede ser menospreciada. De entrada, es un acuerdo de largo alcance, probablemente el único que consiga un amplio apoyo, político y de los agentes sociales, de entre la cadena de reformas económicas en que se ha embarcado el presidente Zapatero. Es un éxito también para UGT y CC OO, puesto que rompe con la perniciosa actitud hostil, basada en la numantina defensa de derechos que la situación de la economía y el empleo no respaldan, hacia la negociación con Gobierno y empresarios. No menos importante es el esfuerzo de los negociadores por despejar las dudas que pueda suscitar entre los inversores la hipótesis de un eventual colapso del sistema, que lógicamente llevaría a que el Presupuesto tuviera que hacerse cargo del de las pensiones. El riesgo queda minimizado, a cambio de un recorte medio de las prestaciones de un 12% para el conjunto del sistema.

A este éxito político debería adherirse el PP como demostración práctica de que los consensos no tienen por qué mermar votos; de que no tiene sed de poder disfrazada de sed de urnas. Las reformas suelen ser molestas (a veces muy dolorosas) pero, para que surtan efecto, necesitan estabilidad y voluntad de mantenerlas aunque cambie el partido gobernante. EL PP daría un mensaje de apoyo firme a la estabilidad económica si hiciese constar su voluntad de aplicarla cuando gobierne.

El contenido pactado dista mucho de una reforma radical que trastoque drásticamente las expectativas vitales de los trabajadores. Gobierno y sindicatos han aceptado que el objetivo principal era prolongar la vida laboral efectiva del asalariado, antes que imponer fechas rígidas de jubilación. Por esa razón, aunque consta un aplazamiento de la edad de retiro (desde los 65 años actuales hasta los 67), lo más importante es la detallada casuística que se establece para relacionar vida laboral y jubilación. Así, un trabajador sólo podrá jubilarse a los 65 años con la pensión completa si ha cotizado durante 38,5 años. Para el resto de los trabajadores será necesario cotizar durante 37 años para retirarse con la pensión completa a los 67 años. La negociación ha hecho posible un acuerdo que se antojaba difícil (el Gobierno pensaba que el mínimo de cotización para jubilarse a los 65 eran 40 años), pero en otros apartados el Ministerio de Trabajo se ha mostrado inflexible. Así, para calcular la pensión se tendrán en cuenta los últimos 25 años, en lugar de los 15 en la actualdiad.

Lo más discutible de la reforma es la excesiva duración del periodo transitorio para ampliar la edad de jubilación. Tal como está pactado, empezará en 2013 y acabará en 2027, de forma que la vida laboral aumentará a un ritmo de un mes y medio por año. De esta forma se respetan con más propiedad los derechos de los trabajadores; pero un periodo transitorio de 10 años tampoco hubiera mermado tales derechos, hubiese establecido un plazo igualmente razonable y habría transmitido la voluntad política firme de buscar la solvencia del sistema con más rapidez.

La cuestión capital es si esta reforma cancela definitivamente el riesgo de un colapso del sistema. La respuesta es que, muy probablemente, el riesgo queda prácticamente conjurado durante los próximos 40 años. Sobre todo si la economía española regresa a tasas de crecimiento superiores al 2% y crea cantidades razonables de empleo. La importancia de la reforma es que rompe con la idea de que el sistema de pensiones es intocable e instaura el precedente de que puede revisarse periódicamente para corregir las deficiencias sin que ello constituya un drama social. Por lo demás, es un éxito político que cabe atribuir a la insistencia del Gobierno y a la flexibilidad de los sindicatos, que ojalá trasladen a otras negociaciones.