Un paso adelante

La cumbre de Bruselas de ayer ha presentado un paquete de medidas que aspira a dar una respuesta contundente a la crisis financiera europea. La cumbre de julio fue fructífera en cuanto a la definición de los instrumentos adecuados para combatir el caos de las deudas soberanas, pero pecó de inconcreción. Falta por ver el modo en que las medidas de ayer son recibidas por los mercados y luego son aplicadas. La cita de ayer, lastrada penosamente en su comienzo por la incapacidad del Gobierno de Berlusconi para ofrecer un plan de ajuste razonable a sus socios comunitarios, dio un paso más en el perfeccionamiento del Fondo de Estabilidad Europeo (gracias, todo sea dicho, al aval político que obtuvo Angela Merkel en el Bundestag) y zanjó, aunque de forma poco afortunada, el debate sobre la recapitalización de la banca europea.

Las decisiones sobre una nueva ronda de recapitalización bancaria y el cálculo de las deudas nacionales son discutibles. La lógica de la situación dice que una quita de la deuda griega del 50% pesará sobre los balances de los bancos europeos; para prevenir este impacto se impone que la banca aumente desde el 7% al 9% la exigencia de capital de primera calidad, que deberá cubrir con dinero fresco; pero no es fácil (quizá ni siquiera aconsejable, debido a su coste) buscar fondos en el mercado; la solución de las ayudas públicas obliga a un esfuerzo de los Estados que deteriorará la credibilidad de las deudas nacionales. Y vuelta a empezar.

En el caso de España, el coste calculado es de unos 26.161 millones, la segunda necesidad de financiación en importancia de las bancas nacionales. La cantidad es incoherente con la situación relativa de mejor solvencia de las entidades españolas respecto de las europeas y, por lo tanto, debería ser explicada por las autoridades de la UE. Esta nueva fase de recapitalización dificultará y encarecerá los créditos y probablemente no convencerá a los inversores, ya que los fracasos de las pruebas de esfuerzo anteriores han invalidado esa opción.

La valoración de las deudas soberanas a precio de mercado supone una depreciación de la deuda española en torno al 2%. Por varias razones, esta decisión es un contrasentido político y económico. Invalida los esfuerzos de ajuste fiscal aplicados por los Gobiernos precisamente para poder pagar la deuda contraida y convierte en papel mojado la presunción, defendida con especial fervor por Alemania, de que las políticas de ajuste son imprescindibles para combatir la crisis financiera.

La ampliación del Fondo de Estabilidad es al menos un avance sobre la situación de julio. Pero no conviene engañarse. Un billón de euros en lugar de 440.000, incluso con las modificaciones de funcionamiento bendecidas por Merkel, no resuelve el problema de fondo. La cuestión es que los ataques a las deudas nacionales no se podrán evitar mientras no exista un Tesoro europeo que sea capaz de actuar como el de Estados Unidos y Japón. Ese Tesoro debe poder financiar sus propios déficits. Pero mientras Alemania tenga la llave de la caja europea, esta declaración de heterodoxia es impensable.

Los acuerdos políticos pueden calmar momentáneamente a los mercados, pero está por ver si son suficientes para atajar las dificultades que han llevado al euro al borde del colapso. El paso tranquilo que ha caracterizado a Francia y Alemania no es la marcha rápida que requiere el riesgo de quiebra de la eurozona. Por dejar que se pudra la crisis griega, ahora el caos acecha desde Italia. Lo más probable es que la debilidad del Gobierno de Berlusconi agrave más y más la solvencia del país, hasta que no pueda pagar su deuda y tampoco existan recursos para su rescate. La cumbre de ayer es un paso adelante, aunque algo tardío en relación con la extrema gravedad del riesgo.