Sin 'ley Sinde' y sin sentido de Estado

El segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no pasará a la historia como un ejemplo de convicciones. No pretendo defender la conveniencia de haber aprobado el reglamento de la ley Sinde por un Gobierno en funciones. Había argumentos razonables en ambos sentidos, pero ninguno para impulsar una ley, su reglamento, concitar todos los apoyos legales, el acuerdo del Partido Popular y dejar, en el último momento, su aplicación práctica en un cajón.

Creo sinceramente que durante esta legislatura el debate sobre lo que es lícito e ilícito en Internet ha dado un paso de gigante. La industria cultural se equivocaba cuando exigía sanciones contra los internautas que realizaban intercambios de archivos o descargas de obras sin el permiso de sus autores, en línea con la entonces reciente Ley Hadopi francesa. La industria estaba atónita, no solo por las pérdidas que les causaba la piratería, sino por cómo, año tras año, las operadoras de telefonía hacían caja cobrando por la conexión a Internet a precios por encima de la media europea, gracias a la facilidad con la que se pueden abrir negocios con material ilícito en la Red, algo imposible sin la permisividad del Gobierno, del PP primero y del PSOE después.

Durante esta legislatura, el debate sobre lo que es lícito o no en Internet ha dado un paso de gigante

El modelo español de cierre de páginas web ha inspirado la nueva legislación inglesa

En España tenemos leyes que impiden hacer negocios con obras ajenas desde hace muchos años, en la Red o fuera de la Red. Pero los sucesivos Ministerios de Industria han preferido mirar hacia otro lado mientras las operadoras hacían las inversiones necesarias para desarrollar una costosa red de ADSL sin ayudas públicas, financiadas a base de cuotas de usuarios precisamente gracias a la promoción encubierta de una importante oferta de contenidos gratuitos, sin que importase que algunos de ellos pudieran ser ilegales.

Poco le ha importado a algún operador que su oferta de contenidos legales fuera una ruina, mientras fuera una ruina también la del resto de portales legales. Estos nunca podrán competir con el auténtico negocio, que es el alquiler de la Red.

Así estamos, pagando muy caro el acceso a Internet para acceder a contenidos basura, lo que supone un retraso inaceptable en el desarrollo de nuestra sociedad de la información, y una importante pérdida de posiciones competitivas frente a países de nuestro entorno económico.

Pero los usuarios nunca hemos tenido la culpa, más bien somos las víctimas de la tardía apuesta de nuestra cultura por la Red y de un modelo de desarrollo tecnológico mediocre. Como son víctimas cientos de emprendedores que han intentado crear negocios legales en la Red, y a quienes les resulta imposible competir con una floreciente industria de webs ilegales, bien financiadas con publicidad y liberadas del pago de impuestos y de los derechos de las obras con las que comercializan.

La industria cultural reaccionó. Abandonó la persecución de los usuarios y se centró en la regulación de este tipo de competencia desleal y consentida que son las páginas de enlaces con contenidos ilícitos. Lo hizo con la esperanza de reconvertir parte de su canal de distribución físico en nuevas plataformas online de contenidos legales.

Fruto de este movimiento nació la mal llamada ley Sinde, una pequeña actualización de dos leyes anticuadas (Sociedad de la Información y Propiedad Intelectual) que, salvando más garantías legales que ningún otro procedimiento conocido, permite llegar al cierre de una web que se lucre con el trabajo ajeno, como todos los días se cierran webs de productos milagro, de contenidos de pederastia o las que incitan a la violencia.

Pero las operadoras, molestas con el Gobierno por otros asuntos, no movieron ficha. Y esa fascinación de los medios de comunicación tradicionales por los linchamientos medievales en la Red al amparo del anonimato, hicieron de estos ocho artículos una de las regulaciones más absurdamente polémicas de la legislatura.

Pero la ley se aprobó, pronto hará un año, con el apoyo de PSOE, PP y CiU. Su reglamento además logró el informe favorable de la Comisión Europea, del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

Durante este año, el modelo español de cierre de páginas webs con contenidos ilícitos ha inspirado la nueva legislación inglesa, la estadounidense, las primeras medidas estudiadas por la Comisión Europea y tras el fracaso del modelo francés, incluso nuestros vecinos se plantean cambiar las sanciones, no a quienes descargan, sino a quienes comercializan obras sin el permiso de sus autores.

La ley Sinde es una ley impulsada por un Gobierno socialista. Este podía no haberlo hecho, pues había argumentos razonables para, por ejemplo, reformar en profundidad la Ley de Propiedad Intelectual (anticipando escándalos como el de la SGAE), pero el Gobierno, tras muchas dudas, aceptó apoyar no solo al mundo de la cultura, sino al de los negocios legales en la Red, y lo hizo con el apoyo de más del 90% del Parlamento.

Podía no haber tramitado el reglamento, pero lo tramitó y logró todos los apoyos legales, incorporando todas las garantías exigibles y unas cuantas más para que la Red siga siendo un espacio de libertad, pero también de respeto a la libertad ajena.

Podía no haber solicitado el apoyo del PP para aprobar la medida tras las elecciones generales, estando ya en funciones, pero lo hizo, y lo logró porque son muchas las empresas que, estos días, están tomando decisiones de inversión o de cierre de negocios en un mercado hostil.

¿Qué sentido tiene ahora traicionar la confianza de todos aquellos con quienes se ha recorrido este largo proceso? ¿De verdad hay alguien en el PSOE que crea que los jóvenes han abandonado a Zapatero por las descargas, cuando tenemos un 40% de paro juvenil? ¿De verdad un partido de Gobierno piensa que puede algún día ir de la mano de personas cuyas convicciones demócratas son del tipo "no les votes"? ¿De verdad hay alguien que crea que la izquierda tiene futuro si sacrifica la cultura por el populismo del "todo gratis"?

En todo caso, este debate absurdo (pero siempre hay quienes se entretienen con lo absurdo) ya lo sustanció el Gobierno hace un año. ¿Quién le habrá aconsejado que defraude antes a tirios y ahora a troyanos?

Es una frase manida la de que gobernar exige convicciones. Sin convicciones siempre hay un viento que sopla más fuerte, y el que sopló a la oreja del presidente, en el último momento, no lo hizo precisamente a favor de los más débiles. El Gobierno, en este tema, ha actuado sin sentido de Estado, dando bandazos, y es justo reconocer el esfuerzo de una ministra que ha mantenido la coherencia de sus posiciones hasta el final.

Tras conocerse la decisión, algunos usuarios de Internet se felicitaban de su recién conquistado "poder popular" sin dejar de insultar al presidente, al Gobierno y al PSOE. Conocidos y menos conocidos creadores, atónitos ante la falta de palabra de un político sin convicciones, depositan ya su confianza en un partido, el PP, que siempre les fue ajeno. Y lo que realmente es importante, directivos de empresas que habían confiado sus planes de inversión y de empleo, en la puesta en marcha de una regulación que impida que otros se lucren con las obras que ellos comercializan, hoy tienen claro que este es un país por el que es difícil apostar.

Son muchas las "patatas calientes" que Rajoy se encuentra "sobre la mesa". Roosevelt acuñó el concepto de los 100 primeros días como el tiempo del que disponía un Gobierno para tomar medidas de calado, como él mismo hizo para hacer frente a la Gran Depresión de los años treinta. No sé si Rajoy tendrá tanto tiempo.

Joan Navarro es sociólogo, exdirector de la Coalición de Creadores y vicepresidente de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca.