¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Rajoy?

Es difícil hallar un propósito racional en la escalada de despropósitos en que se están metiendo los actuales dirigentes del PP. No tendría mayor importancia si sólo estuviera en juego su futuro político, que también lo está. Lo grave de la deriva que está tomando el que debiera ser el gran partido conservador español es que está afectando a las instituciones y al clima general, precisamente en un momento excepcional por los niveles de prosperidad, de bienestar y de madurez de la sociedad española. Se supone que el objetivo de esta política abrasiva, que está haciendo estragos en todos los sectores e instituciones, terminará después de las elecciones generales y con lo que sus estrategas calculan como un resultado adecuado a sus objetivos. Pero incluso este propósito es equivocado, además de irresponsable.

El PP ha elegido como terreno de enfrentamiento con el Gobierno el de la política antiterrorista, a veces cruzado con el de la cuestión territorial, como en Navarra, temas siempre propensos al desbordamiento emocional. Sin pararse ante las consecuencias que de ello pudieran derivarse para el sistema en su conjunto, la dirección del PP ha querido trasladar la división política suscitada por esos asuntos a todos los ámbitos, de la judicatura a los medios de comunicación, y la ha alentado y calentado desde la movilización callejera: es un comportamiento que suscita la preocupación de muchas personas.

No hay razón objetiva que permita comprender un despliegue semejante, con una situación económica muy favorable, que se manifiesta en la creación de empleo y avances sociales que hace poco eran impensables. ¿Basta la ruptura de la tregua por parte de ETA para explicar tanto catastrofismo? Desde luego, sería injusto minimizar la persistencia de la coacción terrorista y la desigualdad de condiciones en que sitúa a los vascos no nacionalistas: un problema de falta de libertad que interpela al conjunto de los demócratas españoles. Pero la situación en relación al terrorismo es incomparablemente menos dramática y más esperanzadora que casi cualquier otra en las últimas décadas; muy diferente, por ejemplo, de la que siguió a la ruptura de la anterior tregua, con ETA asesinando a una persona cada dos semanas y una media de 33 actos de violencia callejera al mes (en 2001).

Pese a ello, las referencias a ETA y a la política antiterrorista del Gobierno nunca habían estado tan cargadas de alarmismo. Barajas acabó con el alto el fuego anunciado hace un año, pero la prueba de que ETA y su brazo político carecen de alternativa es que Batasuna pidió enseguida la restauración de la tregua. Actitud cínica, sin duda, pero que habría sido inimaginable después de Argel o de Lizarra. Al elegir el tema del terrorismo como eje de su oposición al Gobierno, y llevar las divergencias a la calle, el PP sabe que dificulta las posibilidades de aprovechar la debilidad de ETA para propiciar su retirada pactada. Pero no retrocede ante ello. Rajoy sabe perfectamente que con ese tipo de oposición crea un cordón de desconfianza en la población que recorta el margen de Zapatero respecto a Batasuna y ETA.

Y hay una diferencia con otras actitudes críticas. Decisiones como la retirada por la fiscalía de la acusación contra Otegi son polémicas, y es lógico que susciten preocupación, como la expresada en el manifiesto que el viernes leyó Fernando Savater en un acto público. La discrepancia con decisiones del Gobierno durante los meses de alto el fuego, y la exigencia de firmeza en el futuro, especialmente respecto a las condiciones para la legalización de Batasuna, forman parte de la crítica necesaria. Son argumentos que, por ser racionales, permiten la discusión: para coincidir o para discrepar.

El desvarío a que ha llegado el presidente del PP y jefe de la oposición, Mariano Rajoy, en cambio, no puede ser más preocupante. ¿Rechaza el derecho a la crítica que ampara a cualquier ciudadano y, por supuesto, también a un empresario, aunque sea de medios de comunicación? ¿Se siente tan "enormemente ofendido" por el juicio que merece su actuación y le parece lo más normal repetir el mismo día que el Gobierno de España se dedica a actuar contra la ley? ¿Desconoce el nivel de bajeza y de insulto al que han llegado los medios de comunicación afines, y también cargos políticos de su partido, contra quienes disienten de sus criterios? ¿No se da cuenta de que mantener su amenaza le descalifica para siempre como candidato a formar Gobierno, en caso de que ganara las elecciones, pues forzosamente cabrá esperar peores actuaciones, ya con el Boletín Oficial en la mano, contra quienes disientan y le critiquen?

El habitual griterío de los parlamentarios del PP, impidiéndose a sí mismos escuchar las respuestas de Zapatero a sus preguntas en las sesiones de control, es todo un símbolo del estilo marrullero de oposición de ese partido. Es más fácil adjetivar (es decir, descalificar) que argumentar. Y boicotear a los medios de comunicación cuesta menos esfuerzo que refutar sus razones. España merece otra oposición. Los votantes y militantes del Partido Popular merecen otros dirigentes.