Un cuento de Navidad

Dicho de forma clara, el flamante sistema financiero -con todos sus cualificados participantes y sus impresionantes remuneraciones- no superó la elemental prueba del mercado". Esta frase de Volcker, ex presidente de la Reserva Federal y asesor económico del presidente Obama, tiene mucho valor. Pone en boca de un experto y acreditado servidor público una verdad conocida por casi todos.

Inquieta el escaso reconocimiento de los errores y excesos cometidos por parte del conjunto -privado y público- del sector financiero y que están en el origen de la crisis. Sorprenden los modestos ajustes realizados en el sistema de remuneración de las personas que trabajan en él, y resulta descorazonador compararlos con la reducción de salarios en el resto de los sectores de la economía.

¿Es sensato que entidades financieras con ayudas públicas repartan bonos entre sus directivos?

Este sector receta ajustes salariales al resto de la economía, pero no se los aplica a sí mismo

La crisis se fraguó por la interacción de ciertos desequilibrios macroeconómicos con un mal funcionamiento del sector financiero. Uno de esos fallos radica en su estructura de remuneraciones, que premia la asunción de riesgos y no castiga los fracasos. La situación permitía jugar con el Estado como garante en última instancia. Todo esto facilitó que en las últimas dos décadas el sector financiero obtuviera unas rentas excepcionales. Su nivel de sueldos y gratificaciones, la política de prejubilaciones o su excesivo peso sobre el total de la economía son reflejos de ello. El sistema financiero se volvió demasiado grande, costoso y opaco, y falló a la sociedad.

Las causas que generaron la crisis han sido bien identificadas. Las soluciones se van desplegando, tal vez con cierta lentitud, pero de forma inexorable. Los acuerdos tomados en el G-20 o el FMI se irán aplicando. La reforma de la arquitectura financiera avanza en varios frentes. Pero hay uno que es imprescindible: una modificación decidida de las políticas de remuneración del sector financiero.

Las consecuencias de la crisis financiera han sido muy adversas: caídas de las tasas de crecimiento y aumento del desempleo. Muchos Gobiernos han intervenido para evitar la quiebra de numerosas entidades inyectando fondos y garantizando no solo los depósitos, sino de facto también todos los pasivos exigibles. Aunque esto fue necesario para mantener la estabilidad financiera, ha debilitado los incentivos que requiere el adecuado funcionamiento del mercado y ha comprometido seriamente el margen de maniobra fiscal de muchos Estados. Las pérdidas del sector financiero se han socializado, al menos temporalmente. Irlanda es un triste ejemplo.

Reconducir esta situación llevará tiempo, voluntad y sacrificios. No todos los países han sufrido los efectos por igual, ni todos están aplicando las mismas políticas para enfrentar los problemas. En general, la UE ha optado por ajustes fiscales y reformas estructurales, manteniendo ayudas a los desempleados. Lo está haciendo con el apoyo de políticas monetarias excepcionales y bajo una presión, a veces desmedida, por parte de los propios mercados financieros que fueron rescatados.

España está enfrentando una suerte de proceso de devaluación interna de precios y salarios, dado que al pertenecer a la zona euro la devaluación de la moneda no es una opción. Hay que matizar a quienes afirman que el problema es el exceso de deuda pública: España tenía superávit antes de empezar la crisis y contaba con un ratio de deuda pública sobre el PIB de los más bajos de la UE en 2007. Nuestro problema era un nivel excesivo de endeudamiento de hogares y empresas, facilitado por el sector financiero. Todos tienen que reconducir sus balances hacia una situación más equilibrada.

Las Administraciones públicas se están aplicando en esta tarea. Dentro de los ajustes destaca la reducción de los salarios públicos. Se aprobó una reducción del 5% para obtener un ahorro de 4.500 millones de euros en dos años. El sector privado no financiero también ha puesto mucho. Cierres de empresas y dos millones de desempleados desde que empezó la crisis. Miles de empresas han negociado ajustes salariales.

¿Y qué ajustes ha afrontado el sector financiero? Los accionistas han perdido mucho dinero. Los tenedores de deuda, bastante. Pero quienes trabajan en el sector financiero, especialmente los más "cualificados", no parece que se hayan visto muy afectados. Para ilustrarlo, un dato: según los datos del INE al cierre del tercer trimestre, en el conjunto de los sectores de la economía el coste por hora trabajada disminuye un 2%, en el de actividades financieras y de seguros sube un 1,7%.

¿Es razonable que en una institución financiera, en proceso de saneamiento por sus errores, se negocie entre la dirección y los sindicatos ajustar el empleo mediante prejubilaciones a partir de los 53 años, mientras solicita 4.000 millones de euros en ayudas públicas a través del FROB? ¿Es sensato que entidades financieras que cuentan con ayudas públicas repartan bonos entre sus directivos? ¿Cómo es posible que desde el sector financiero se receten ajustes salariales al resto de la economía sin recomendárselos a sí mismo? ¿Cuánto vale la garantía otorgada por el sector público -es decir, el conjunto de contribuyentes- a bancos y cajas sobre sus depósitos, que son la parte fundamental de su financiación?

Los ciudadanos, que son clientes del sistema financiero y contribuyentes del Estado, ven todo esto entre sentimientos de incredulidad e indignación. Eso no ayuda a aumentar la confianza. La mayoría de los españoles entiende razonablemente lo que ha sucedido en estos años y están dispuestos a aceptar sacrificios para reconducir la situación. Pero la sociedad necesita un rumbo claro en la estrategia de salida de la crisis y un reparto justo de las cargas. De lo contrario, la cohesión social puede debilitarse.

Aún no hay acuerdo internacional sobre las políticas de remuneración del sector financiero, ni sobre medidas fiscales ad hoc. No sabemos si llegarán a cristalizar o si se optará por soluciones nacionales o regionales. Pero entretanto se pueden, y se deben, hacer cosas.

Si, por ejemplo, en España se acordara una reducción del 5% de los salarios del sector financiero se conseguirían varios efectos positivos, siempre y cuando los ahorros obtenidos no se destinaran a beneficios. En primer lugar, esto ayudaría a sanear el sistema financiero, devolviendo ayudas públicas, fortaleciendo los sistemas de garantías de depósitos y reduciendo el recurso al endeudamiento exterior. Segundo, tendría un efecto positivo sobre los mercados y sobre la imagen de nuestro país. Y en tercer lugar, mejoraría la confianza de hogares y empresas en la economía, no solo por lo anteriormente mencionado, sino porque además sería percibido como una decisión razonable y eficiente.

Muchos pensarán que esto es un cuento de Navidad. Una propuesta de este tipo tiene dificultades para aplicarse, pero no son insalvables. El ajuste no tendría por qué ser lineal, ni entre todas las entidades financieras ni entre todos los niveles salariales. Si la iniciativa surgiera del propio sector sería más fácil de aplicar. Si no, el Estado podría "ayudar" a tomar la decisión.

Realinear los intereses de quienes trabajan en el sector financiero con aquellos que les financian -depositantes, bonistas y accionistas- incluyendo al prestamista de última instancia -el Estado-, no resolverá todos los problemas de la industria financiera. Pero es el mejor camino para enderezar las cosas. Hay que abandonar la idea de que los accionistas se encargarán de hacerlo. No lo han hecho y no lo harán. En el caso de las instituciones financieras hay un claro interés público en minimizar las posibilidades de colapso del sistema financiero. Una parte vital de la solución es hacer a los responsables partícipes de los costes de un eventual fallo del negocio que está bajo su control.

Al leer este artículo, muchas personas del sector financiero dirán lo mismo que repetía Mr. Scrooge, el famoso personaje de Un cuento de Navidad, de Dickens: "¡Bah, paparruchas!". Se equivocan, como se equivocaba Mr. Scrooge. Confiemos en que políticos, sindicatos, creadores de opinión y académicos tampoco se apunten a la famosa frase, apagando el debate. La lógica económica de muchas decisiones no es necesariamente distinta de la lógica social, y menos aún en este asunto.

Carlos Arenillas Lorente es economista