Velas al diablo

El Tribunal Supremo decidirá el próximo día 12 la suerte judicial de Francisco Camps. En esa fecha se sabrá si el Tribunal Superior de Justicia de Valencia deberá sentar en el banquillo al presidente de la Generalitat, según solicitaba el juez Flors, instructor del caso, o si convalida la decisión de la sala, que no apreció en su día el delito de cohecho impropio. Pero, entretanto, se han ido conociendo nuevos datos sobre el funcionamiento de la red corrupta dirigida por Francisco Correa y sobre los delitos de los que podría acabar presuntamente respondiendo el presidente Camps.

En estos momentos, el regalo de los trajes aparece sobre todo como el hilo que permitió descubrir otros tres casos de corrupción, que, dependiendo de la decisión que adopte el Supremo, harían inviable la continuidad de Camps al frente del Gobierno valenciano. La práctica fraudulenta de fragmentar los contratos públicos de manera que pudieran adjudicarse sin concurso fue habitual en la mayor parte de las consejerías del Ejecutivo presidido por Camps, lo que ha llevado al juez Pedreira a solicitar el nombre de sus titulares durante el periodo investigado. Las empresas beneficiarias de estos contratos pertenecían, además, a la red de Correa, lo que hace inverosímil que, como ha sostenido hasta ahora la dirección del PP, el partido haya sido víctima y no parte de la corrupción.

La contratación frecuente y mediante los mismos procedimientos fraudulentos también utilizados con ocasión de la visita del Papa a Valencia apunta hacia la financiación ilegal del PP. Sin tomar en consideración algún tipo de beneficio para el partido resultaría difícil explicar la largueza con la que algunas Administraciones en manos de los populares, como la Generalitat valenciana, aunque no sea la única, han tratado a las empresas de Correa. Al margen de que la investigación policial aporta pruebas e indicios más que suficientes de una largueza equivalente por parte de la red corrupta a la hora de organizar los actos del PP, de la que luego se resarcía a través de contratos públicos amañados.

Hasta ahora, Mariano Rajoy y la dirección del PP habían defendido a Camps sobre la base de que no existían más cargos contra él que los que desestimó el Tribunal Superior. Más que un argumento, es una coartada para diferir cualquier decisión acerca del presidente de la Generalitat, a la espera de que, llegado el caso a una situación insostenible, sea el propio líder valenciano el que dimita. Los populares no han renunciado a seguir poniendo velas al diablo en esas vísperas judiciales de Francisco Camps, intentando desacreditar el sumario que le puede llevar al banquillo. Así lo demuestra el recurso -insólito en quien está personado en el procedimiento como acusación particular- contra la providencia del juez instructor en la que pide la identidad de 17 altos cargos, entre ellos Camps, que dieron contratos a la red corrupta.