'The Big Society', la iniciativa de Cameron

La iniciativa del líder conservador, David Cameron, pomposamente denominada The Big Society, vuelve a situar el debate sobre los impactos sociales de la crisis en el eje público-privado. La iniciativa de Cameron, aun poco concretada, propone devolver la palabra a los que están cerca de los problemas; reforzar las "comunidades de vanguardia"; apoyar al voluntariado; "conseguir más con menos" dando más atribuciones y responsabilidades a los que más implicados están en los problemas, saltando la burocracia elitista de Whitehall. Al margen de la utilización política del tema, lo cierto es que no se puede simplemente caricaturizar esa iniciativa con el socorrido argumento de la privatización, ni tampoco puede, sin más, aceptarse sin tener muy en cuenta los efectos de todo en un escenario como el actual.

El llamamiento a la filantropía civil se justifica con la reducción de la inversión pública

No creo que estemos en una simple continuidad de las ideas neoliberales que tanto influyeron en los años ochenta y noventa. Margaret Thatcher iba por el mundo diciendo que ella nunca había encontrado a esa señora llamada "sociedad". Para ella, lo "no público" era lo mercantil y punto. Cameron parece relacionar público con burocrático, y social con colectivo. No es poca la diferencia. Los comentaristas de The Guardian ironizaron con el hecho de que el planteamiento del líder conservador tiene poco que ver con la tradición tory, y que más bien recuerda a Tocqueville cuando glosaba la fuerza de la sociedad civil norteamericana de finales del XVIII.

Cameron no solo ha hecho teoría, sino que ha concretado lugares y problemas. Ha prometido ayuda concreta a algunas comunidades de Liverpool, Cumbria o Sutton, saltándose así las mediaciones de parlamentarios, Gobiernos territoriales y burocracias sectoriales (aunque algunos de los directa y positivamente afectados manifestaron haberse enterado del tema solo horas antes de la rueda de prensa).

¿Es una simple medida propagandística para demostrar que se quieren hacer cosas ante los muchos problemas sociales y, al mismo tiempo, justificar la reducción de inversión pública con llamadas a la filantropía civil y a la tradición caritativa victoriana?

Es posible, pero desde una perspectiva española, de fuerte tradición estatocéntrica, no deja de sorprender esa llamada a un esfuerzo civil y esa confianza en los actores cercanos a los problemas. Cuando, además, la iniciativa de Cameron se apoya en algo tan poco habitual en la lógica liberal-conservadora como es el apropiarse legalmente de gran cantidad de dinero procedente de cuentas depositadas en los bancos, y que no han registrado un solo movimiento en 15 años. Los laboristas aprobaron hace años esa medida legal, que no ha llegado a ser operativa. Se habla de medio millón de cuentas durmientes en Reino Unido, que pueden representar unos 500 millones de libras. Se ha creado Cooperative Bank que administrará los fondos iniciales para financiar las acciones comunitarias de la Big Society: unos 60 millones de libras procedentes de las mencionadas cuentas.

A pesar de todo, la iniciativa de Cameron no me inspira confianza. Sobre todo porque procede de una tradición política que no se ha caracterizado precisamente por su gran preocupación por las desigualdades sociales. La visión conservadora, que conocemos bien en España en su versión más autoritaria, acostumbra a considerar como natural la desigualdad, y condena por inútiles e intervencionistas los intentos de modificar las inequidades sociales. Tampoco resultan muy creíbles la aversión a la burocracia cuando no deja de crecer en Reino Unido la burocracia vinculada a la seguridad nacional. Y, por tanto, palabras al margen, es normal que desde posiciones de izquierda se vean con gran prevención alternativas que desdibujan las responsabilidades públicas sobre los problemas sociales y apunten a medidas que suenan a simplemente paliar con esfuerzos voluntarios y caritativos situaciones que tienen mucho de estructural.

Pero, una vez dicho esto, convendría que en España, desde los partidos y organizaciones que afirman luchar por una mayor justicia e igualdad social, se reconsideraran viejos tabúes sobre quién representa la esfera pública y quién tiene que ocuparse principalmente de resolver los problemas sociales.

Tenemos suficiente experiencia acumulada sobre las ventajas e inconvenientes de la acción estrictamente pública (de las instituciones y Administraciones públicas) para saber que no todo son parabienes en el balance de sus actuaciones. Deberíamos asumir que la esfera pública no se agota en el marco institucional, y que las organizaciones y entidades sociales representan también los intereses generales.

Y convendría asimismo entender que solo desde una mayor capacidad de acción, de recursos y de responsabilidad de los actores más próximos a los problemas (empezando por los gobiernos locales) podremos lidiar con la complejidad de la situación actual.

Por mucho que el ministro Chaves nos diga que ahora no toca entrar a atender la grave situación financiera de los gobiernos locales, lo cierto es que es más urgente que nunca reforzar sus capacidades. Sin esperar a una Gran Sociedad a la española, me gustaría ver algunos pasos hacia una mayor confianza en lo local y en lo social en este país en el que nos toca vivir.

Joan Subirats es director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB.