'Terra incognita'

Hace aproximadamente un año, cuando el Ejecutivo español intentaba los nonatos Pactos de Zurbano, los analistas miraron hacia otros lugares: hacia aquellos países en los que los rigores de la Gran Recesión (todavía en su peor momento) lograron que Gobiernos y oposiciones se pusieran de acuerdo, de uno u otro modo, en practicar una política económica consensuada. Ello había tenido un buen precedente cuando Obama llegó a la Casa Blanca y una de sus primeras decisiones fue respaldar a Bernanke al frente de la Reserva Federal.

La crisis todavía no había llegado a la fase de la deuda soberana sino que su cara dominante era la de la ausencia de dinamismo en el crecimiento económico con sus secuelas en forma de restricción del crédito a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, fuerte incremento del desempleo y reducción de la renta disponible. Entonces comparecieron juntos en Lisboa, dando envidia a los españoles, el jefe del Gobierno portugués, el socialista José Sócrates, y el líder de la oposición, fotografiándose y compartiendo uno de los primeros paquetes de austeridad que afectó a los ciudadanos del país vecino. Aquello, como hemos visto, duró poco.

¿Cómo se compatibiliza la legitimidad de una política rechazada por el Parlamento y avalada por Bruselas?

Independientemente de cómo evolucione el caso de Portugal como nuevo factor de riesgo para la Unión Monetaria y el euro (y para la credibilidad de las instituciones comunitarias) hay características que merece la pena subrayar. La primera, que las medidas de rigor, que afectan en parte al corazón del Estado de Bienestar (por ejemplo, a las pensiones públicas), están siendo presentadas por Gobiernos que se definen de izquierdas, siendo las oposiciones de derechas las que se ponen de lado para no desgastarse, las boicotean, se abstienen o, en el mejor de los casos, las avalan con el ceño fruncido. Es sencillamente increíble pensar que si el Partido Popular en España o el Partido Socialdemócrata en Portugal llegan al poder en esta coyuntura van a aplicar políticas económicas de distinto énfasis de las que exige Bruselas para aplacar la especulación de los mercados sobre el endeudamiento público (que se contagia al privado).

Por otra parte, el cuarto plan de austeridad portugués (Programa de Estabilidad y Crecimiento), rechazado conjuntamente por la oposición de derecha y de izquierda de su Parlamento, fue presentado previamente a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo (BCE), y avalado por ellos. Lo cual plantea un problema fuerte de legitimidad: ¿cómo es posible aplicar una política económica que rechaza la mayor parte de los representantes de la ciudadanía, por mucho que la misma sea del agrado de Bruselas y la condición sine qua non para recibir el aval para el fondo de rescate europeo? El conflicto, tantas veces manifestado, entre democracia y mercado se está haciendo cada vez más explícito en la Europa de esta coyuntura, y abunda en esa desafección de una parte de la ciudadanía que se pregunta para qué sirve votar si, les represente quien les represente, la política económica va a ser unidireccional. Este tipo de dilemas atañe también a los economistas.