Solidaridad y riqueza

Podría parecer que tiran piedras sobre su propio tejado, pero no hacen sino mostrar una suerte de egoísmo ilustrado, inteligencia y visión a largo plazo. A las repetidas reclamaciones de algunos multimillonarios estadounidenses -liderados por el inversor y filántropo Warren Buffet, una de las principales fortunas del mundo, de subir los impuestos a las rentas más elevadas de su país- ahora se han añadido 16 de las mayores de Francia. Lo han hecho un día antes de que el Gobierno francés difundiera nuevas iniciativas de ajuste fiscal para ahorrar unos 1.000 millones de euros este año y 11.000 millones de euros en 2012, con el fin de calmar a los mercados de bonos.

Los ricos franceses defienden la creación de una contribución especial ante la necesidad de que el deterioro de las finanzas públicas europeas no acabe con el modelo que les ha posibilitado acumular riqueza en el pasado y, desde luego, no termine con la propia Unión Europea.

Unos y otros convienen en que los costes de la crisis no los están soportando los "megarricos", en los términos de Buffet, algunos de ellos verdaderos causantes del desastre. En los sistemas impositivos de la mayoría de las economías avanzadas, las cargas fiscales que soportan las mayores fortunas son, proporcionalmente a su renta y riqueza, mucho más bajas que las del resto de los contribuyentes. Esos privilegiados suelen disponer, además, de apoyos técnicos suficientes no solo para minimizar las cargas impositivas sino, llegado el caso, para sortear más eficazmente la propia inspección tributaria.

Una de las consecuencias de esta crisis ha sido el deterioro de las cuentas públicas en la mayoría de las economías avanzadas. La corrección de esos desequilibrios no puede llevarse a cabo exclusivamente mediante la reducción de gasto público, cuyas consecuencias las pagan en mayor medida las personas con rentas medias y bajas. El incremento de la presión fiscal, como la decidida por el Gobierno francés para las rentas superiores a 500.000 euros, es una opción válida, como también lo es el establecimiento de una tasa sobre las transacciones financieras o los activos bancarios. Es deseable que esas decisiones impositivas dispongan de cierto grado de armonización en la UE, al menos en la eurozona.

Al margen de esas modificaciones tributarias, las autoridades deben perseguir de forma activa el fraude. Desde luego, en España. La desafección de los ciudadanos, el distanciamiento de las instituciones, del propio sistema económico y político están siendo en la gestión de esta crisis más explícitos que nunca. España debe dejar de ser un país donde uno pueda pasearse, o aspirar a ser una referencia social, habiendo incurrido en delitos fiscales. Esto es especialmente grave en una economía en la que más de la quinta parte de su población activa está desempleada. Aunque no haya iniciativas como la estadounidense o la francesa, el ajuste fiscal español no debería excluir un esfuerzo por garantizar que todos cumplen con sus obligaciones tributarias.