Serie negra en Polop

El desaforado urbanismo desarrollado en España en los 15 últimos años no sólo ha sido caldo de cultivo de una preocupante corrupción política -aparte del daño económico causado a familias y empresas por el estallido de la burbuja inmobiliaria- sino, llegado el caso, también del crimen. Ha sucedido en la localidad alicantina de Polop: su alcalde, Juan Cano, del Partido Popular, ha sido imputado por el asesinato en 2007 de su antecesor en el cargo, Alejandro Ponsoda, perteneciente al mismo partido, un suceso que conmocionó a la opinión pública y que una difícil y minuciosa investigación de la Guardia Civil ha podido esclarecer dos años después.

Se trata de un caso digno de estudio. No sólo porque parece sacado de una novela de la serie negra, tanto por la riqueza y diversidad de personajes que lo protagonizan -un narcotraficante, un empresario del calzado, el dueño y el gerente de un club de carretera, dos pistoleros a sueldo, un político regidor de la localidad y posiblemente también un concejal-, como por el lugar donde se planificó y decidió su ejecución: un prostíbulo. También, y sobre todo, porque pone de manifiesto el potencial corruptor y hasta criminal que late bajo las turbias corrientes que mueven el urbanismo especulativo y el nivel de degradación que alcanza un ejercicio de la política puesto a su servicio.

Sin llegar al asesinato, no son pocas las agresiones y amenazas personales contabilizadas en España por causa de intereses urbanísticos, como las sufridas hace 10 años en Santa Cruz de Tenerife por la abogada Julia Bango a manos de matones a sueldo, por su empeño en denunciar posibles irregularidades urbanísticas en las que estaban implicados cargos del PP local.

A diferencia del asesinato del alcalde de Fago, pendiente de sentencia y que parece ser el resultado de un ajuste de cuentas o justicia privada frente a una actuación considerada prepotente y arbitraria, el del anterior alcalde de Polop parece responder a un móvil urbanístico: el control del urbanismo del término municipal, próximo a la costa, para el que el alcalde asesinado podría ser un obstáculo.

Mientras la justicia esclarece el crimen, sus circunstancias y motivaciones, a los siete imputados y encarcelados les asiste la presunción de inocencia y las garantías propias del proceso penal, incluida la de no declarar, a la que se ha acogido el alcalde imputado. Pero hay datos para sorprenderse de cómo este último, que fue concejal de Urbanismo de Polop entre 1995 y 2003 y acumuló un ingente patrimonio personal durante su mandato, pudo abrirse camino en el PP sin que nadie le diera el alto. Parecía evidente, salvo para quien no lo quisiera ver, que podría tratarse de un uso torticero y posiblemente delictivo del ejercicio de la política para enriquecerse. El PP le ha suspendido de militancia pero debería haber actuado antes. A personajes de este perfil no habría que darles facilidades en los partidos.