Propuesta arriesgada

Con la propuesta del juez Carlos Dívar, presidente de la Audiencia Nacional desde hace siete años, para presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Zapatero se ha saltado las pautas seguidas hasta ahora por los anteriores presidentes en la designación del candidato a ocupar tan importantes cargos institucionales. Dívar no es magistrado del Tribunal Supremo; no pasa por ser un jurista de reconocida competencia y no se le conoce afinidad alguna con las opciones de política judicial del partido gobernante; aunque tampoco se le conoce afinidad de signo contrario. La propuesta ha causado perplejidad y no sólo en sectores judiciales próximos a los socialistas. Quienes la han acogido con mayor satisfacción han sido Rajoy y la plana mayor del PP.

A Dívar se le reconocen virtudes que adornan al buen juez: prudencia, discreción y distanciamiento de opciones políticas concretas. Y como presidente de la Audiencia Nacional, cargo al que fue promovido en 2001 por los vocales afines al PP del anterior Consejo, ha dado pruebas de sentido institucional. Son quizás estas virtudes las que han inclinado a Zapatero a hacerle su candidato. Pero además de preguntarse si esas virtudes bastan para ejercer la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, no puede ocultarse que Zapatero ha optado por un juez ideológicamente conservador y caracterizado por su religiosidad.

Las opciones de gobierno deben guardar cierta lógica y la de Zapatero es chocante, incluso recurriendo a la llamada laicidad positiva que últimamente defiende Sarkozy. Puede ser incluso imprudente promover a la máxima instancia jurisdiccional del Estado a un juez que ha realizado manifestaciones públicas en las que vincula sus creencias religiosas a un ideal de justicia -la justicia divina como paradigma de la humana- más propio de una teocracia que del Estado de derecho que consagra la Constitución.

Es posible que Zapatero haya pretendido contrarrestar el fuerte perfil partidista del renovado Consejo del Poder Judicial proponiendo como presidente a un juez que, por la independencia que se le reconoce, realce el papel institucional del cargo. Lo primero que cabe decir es que Rajoy no le ha seguido en el intento, pese al aparente pacto alcanzado por ambos en julio pasado: el vocal Fernando de Rosa, propuesto por el PP para vicepresidente del Consejo, llega a este órgano directamente desde el Gobierno de la Generalitat valenciana. Hay motivos para temer que ese desequilibrio entre presidente y vicepresidente marque la trayectoria del nuevo órgano de gobierno de los jueces.

Los 20 vocales del Consejo Judicial asumen una gran responsabilidad al elegir hoy a su presidente y vicepresidente. Deben hacerlo con la convicción de que ejercerán la función de intermediación y arbitraje que les corresponde y no la de ponerse al frente de bloques antagónicos. El nuevo Consejo podrá así ser útil a la justicia, al contrario del anterior.