Lengua escolar a la carta

La campaña que devolvió al PP al poder en Galicia hace nueve meses tuvo en la política lingüística uno de sus estandartes. El ahora presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, agitó el fantasma de la discriminación del castellano basándose en una norma aprobada por el anterior Gobierno de coalición de socialistas y nacionalistas que otorgaba al idioma autóctono una cuota mínima del 50% en cada curso escolar (sin tope máximo) y una posición preeminente entre las llamadas asignaturas troncales. De ese modo, el candidato rompió con la política que el PP había mantenido durante los mandatos de Fraga a favor de la discriminación positiva del gallego.

La norma educativa instaurada por el bipartito podía ser discutible en algún aspecto, pero se limitaba a desarrollar un plan elaborado durante la etapa de Fraga y aprobado por unanimidad en el Parlamento autónomo poco antes de que el PP dejase el poder. Roto el consenso, Feijóo nunca fue capaz de aclarar su alternativa. Empezó reivindicando un sistema equilibrado, en el que gallego y castellano se repartiesen las asignaturas al 50%. Pero, poco antes de las elecciones, abrazó las tesis del colectivo que encabezaba las protestas contra la política del bipartito, Galicia Bilingüe, que defiende una suerte de liberalismo lingüístico radical: el derecho ilimitado de los padres a elegir la lengua escolar de sus hijos.

Las promesas de Feijóo empezaron a diluirse una vez alcanzado el Gobierno. La elección del idioma escolar a la carta choca con la Constitución, según acredita una reciente sentencia del Tribunal Supremo que desestimó la demanda presentada por el padre de un alumno de Vigo. Optar por ese modelo equivaldría a segregar a los niños en función del idioma y, a efectos prácticos, multiplicaría las necesidades presupuestarias de la Administración educativa, obligada a crear dos sistemas paralelos.

Tras meses de debate interno, Núñez Feijóo ha presentado un proyecto de normativa que parece formado por retales. A los que pedían libertad para elegir trata de contentarlos otorgándoles ese derecho en la enseñanza infantil, de tres a seis años. A partir de ese nivel educativo, retorna al principio de equilibrio entre idiomas con la novedad de que el inglés aparece en escena con el objetivo de establecer un sistema trilingüe, repartido equitativamente entre las tres lenguas.

El modelo es complejo y de difícil cumplimiento, ya que la propia Xunta admite que no tiene profesores suficientes para impartir clases en inglés. El empeño de Feijóo por contentar a todo el mundo ha logrado exactamente lo contrario: desde Galicia Bilingüe hasta los colectivos progallego, la norma sólo ha recogido descalificaciones. La pretensión de la Xunta de buscar un amplio consenso parece ahora mismo una quimera, por muy deseable que resulte en una comunidad que nunca había sufrido conflictos lingüísticos hasta que el PP vio en el idioma la ocasión para arañar un puñado de votos.