Falange calumniada por Garzón

Se está hablando con razonable insistencia, y con mayoritaria preocupación, de los asuntos penales que se siguen contra Garzón acusándole de prevaricador por haber intentado investigar los crímenes del franquismo, y dar satisfacción a las víctimas. Pero aún hay más. La Audiencia Nacional admitió a trámite una querella interpuesta por Falange Española de las JONS contra Garzón, entre otras cosas, por "vulnerar el derecho al honor de las personas que aparecen reseñadas en su auto como responsables de crímenes contra la humanidad". Y el fundamento de tal imputación sería, según los falangistas, que "tal proceder es calumnioso y atenta al honor de nuestro movimiento y sus miembros".

La calumnia, según el Código Penal, es la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio de la verdad. El acusado de calumnia queda exento de toda pena probando el hecho criminal que ha imputado. Debería ser claro para cualquiera que cuando un juez de instrucción redacta una decisión describiendo hechos delictivos atribuidos a determinadas personas, no está insultándolas, por más que diga que son, indiciariamente, delincuentes. Otro modo de entender el trabajo de los jueces de instrucción llevaría a concluir que todos son calumniadores cada vez que atribuyen, indiciariamente, delitos a los implicados en los asuntos instruidos. Por eso no es fácil entender que esta sorprendente acusación de calumniador de los falangistas contra Garzón haya podido pasar ni siquiera el primer filtro jurídico de un tribunal de derecho, imparcial y democrático.

Garzón intentó investigar los crímenes del franquismo. Había, y hay, base jurídica nacional e internacional suficiente para que esa investigación sea posible, y para que Garzón sea competente. Pero no se le ha permitido. Y, aún más, para vergüenza internacional de todos nosotros, se le cambia de investigador a investigado, de juez a acusado.

La querella de los falangistas, sin embargo, y perdóneseme el sarcasmo, nos podría dar alguna esperanza...En efecto: Al juez Garzón no se le ha permitido cumplir con su obligación de investigar unos crímenes y defender a unas víctimas. Pero al acusado Garzón tendrán que permitirle ejercer su derecho a demostrar que las supuestas calumnias no son tales, porque los hechos afirmados en su auto son ciertos.

A estas alturas, para bochorno de todos nosotros, hay que demostrar que García Lorca ya no vive, que ya no viven los miles y miles de asesinados, que los falangistas asesinaban, que el pretendido honor de su movimiento debe convivir con ese baldón ignominioso. Y hay que demostrarlo para que un juez que quiso demostrarlo no resulte condenado por haberlo intentado. El mundo al revés.

Por otra parte, y no sabremos si es casual, se da la extraña circunstancia de que los falangistas hace cinco meses que interpusieron su querella, y el juez instructor del caso, tan agudo y prolijo en su función inquisitoria contra Garzón, y en dar cancha a los otros honorables querellantes, tan profundamente demócratas como los falangistas, a estos últimos no les ha dado entrada en el proceso, condición necesaria para que el acusado por ellos, Garzón, pueda ejercer su derecho a demostrar que la historia de España es la que es.

Unos piensan que son casualidades del proceso. Otros piensan que el proceso contra Garzón no es casual. Y los juristas demócratas tememos salir a la calle porque enseguida nos preguntan que cómo es posible lo de Garzón.

José María Mena es el ex fiscal jefe de Cataluña