La Europa peor

El Parlamento Europeo podría aprobar hoy por mayoría simple un nuevo recorte de los derechos de los trabajadores extranjeros en la Unión. Cuando, en 2008, se adoptó la directiva del retorno se hizo bajo la promesa de que la lucha contra la inmigración ilegal permitiría una mayor equiparación con los trabajadores nacionales de los extranjeros en situación regular. Era un señuelo: la norma que podría aprobarse hoy, la directiva del permiso único, confirma una inaceptable regresión en los derechos de los trabajadores con la excusa de que solo se aplicará a los que proceden de países terceros. Los derechos no derivan de la condición de las personas, sino de la actividad que realizan; en este caso, un trabajo por cuenta ajena. Por esta razón, la nueva directiva, de aprobarse, no solo implicaría un recorte de los derechos sociales asociados a la actividad laboral la realice quien la realice, sino un nuevo atentado contra el principio de igualdad.

La adopción de políticas comunes fue durante mucho tiempo un estímulo para hacer de la Unión Europea un espacio regido por los principios que dieron lugar a las sociedades más libres, más prósperas y más justas. La inmigración se ha convertido, sin embargo, en una coartada para todo lo contrario. Cada vez que la Unión se ha propuesto en los dos últimos años regular la presencia de trabajadores extranjeros ha sido para convalidar medidas que, con anterioridad, se situaban en ámbitos colindantes con el populismo y la xenofobia. Primero fueron los extranjeros en situación irregular y ahora aquellos a quienes, por disponer de permiso de residencia y de trabajo en regla, se decía querer favorecer.

La directiva que el Parlamento votará hoy deroga para los extranjeros que trabajan legalmente en la Unión derechos tales como el de seguir cobrando las pensiones de regresar a su país de origen, gozar de prestaciones familiares o los referidos a la vivienda, la formación y la formación permanente. Si se aprueba la directiva del permiso único, los inmediatos perjudicados serán los trabajadores a los que afecte. Pero los derechos de los que se les priven no habrán salido indemnes al perder su condición de universales, convirtiéndose en un privilegio para los trabajadores nacionales y en una discriminación para los extranjeros.

La directiva del permiso único, de pasar el trámite parlamentario, sería aprobada en el próximo Consejo de Ministros de Justicia e Interior, no en el de Empleo y Asuntos Sociales. La instancia elegida es significativa del tipo de aproximación por el que ha optado la Unión a la hora de regular los derechos de los trabajadores extranjeros. Esta no es la Europa que deseaban los líderes que concibieron e impulsaron hace medio siglo su integración, ni tampoco la que alimentó las esperanzas de sus ciudadanos. Directivas como la del permiso único, o como la del retorno, son criaturas de una Europa diferente. No más integrada, sino peor.