El Estado nunca se fue

Paul Kennedy planteaba hace unos días en este periódico (7 de junio) reflexiones relevantes, como muchas de las que salen de su pluma, para explicar la vuelta del Estado, "y a lo grande", al primer plano de la actualidad, después de que "los defensores del capitalismo de libre mercado sin ningún tipo de control" se apoderaran del mundo desde comienzos de los años noventa del siglo pasado. El historiador británico, afincado en Estados Unidos, celebra esa vuelta, que él explica como consecuencia de los atentados terroristas de septiembre de 2001 y, sobre todo, de la crisis económica internacional que nos acompaña de forma aterradora desde hace unos meses.

Vistas las cosas desde otra perspectiva, el Estado nunca se fue. Ocurrió, más bien, que algunos gobernantes, irresponsables pero jaleados por economistas y vendedores de ideas neocon, lo pusieron al servicio de sus amigos, de banqueros y especuladores. El caso de la América de Bush, de los ocho años en que George W. Bush estuvo en el poder, resulta paradigmático para comprobar este argumento.

Desde 2001, el presidente legitimó un Estado fuerte y en guerra para controlar vidas y haciendas

Los políticos quebrantaron la tradición de un Gobierno al servicio de los ciudadanos

Hasta hace poco, en realidad hasta que George W. Bush subió al poder, los gobernantes de Estados Unidos siempre tuvieron un discurso político claro, ideas básicas en torno al mundo y a la posición imperial norteamericana y, lo que parece más importante para lo que defiendo en estas páginas, reaccionaban ante los hechos históricos. Esto fue así desde Franklin Delano Roosevelt a Ronald Reagan, pasando por Harry S. Truman o John Fitzgerald Kennedy, aunque en los estereotipos sobre Estados Unidos transmitidos por muchos comentaristas europeos, el "modo de vida americano" estaría más influido por el dominio absoluto del dinero que por las políticas de sus gobernantes.

A George W. Bush, y a los gobernantes de otros países que se alinearon con él -como José María Aznar, por utilizar el ejemplo más cercano-, las ideas, o el conocimiento racional de los hechos, nunca les importó, excepto como herramientas para mantener sus intereses. A George W. Bush, por ejemplo, como apunta Jacob Weisberg en The Bush Tragedy, nunca le interesó la política interna de su país, hasta que, como gobernador de Tejas, tenía ya más de 40 años, y cuando supo, o tuvo que saber por su condición de presidente de Estados Unidos, algo de política internacional, había cumplido más de 50.

Tampoco le interesó la historia, hasta que se convirtió en uno de sus protagonistas y comenzó a leer libros de historia, o eso es lo que decía él, de forma compulsiva, desde una voluminosa "historia desconocida" de Mao Tse Tung a varios cientos de páginas sobre la gran epidemia de gripe de 1918. José María Aznar siguió como presidente los pasos de Bush en sus lecturas trascendentales, porque, cuando en España arreciaba el debate sobre nuestro pasado traumático de guerra civil y de dictadura, recurrió a Pío Moa, que no es un historiador, para contrarrestar los mitos de los historiadores, a quienes Aznar nunca tuvo necesidad de leer. Ni Bush ni Aznar se proponían pensar sobre la historia para aprender de ella, sino que sólo les importaba cómo utilizarla políticamente. En realidad, en el caso de Bush, porque de Aznar no me consta ese dato, las lecturas no le hicieron más sabio. Cuando faltaban tres semanas para acabar 2006, uno de sus años más desastrosos como gobernante, le dijo a un escritor que ese año se había leído 87 libros, además de su ración diaria de la Biblia, lejos todavía del más del centenar que se había tragado Karl Rove, su principal consejero político.

Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Bush hizo del patriotismo el primer valor de muchos norteamericanos para hacer frente al terrorismo y con el patriotismo como bandera se lanzó a la guerra contra Sadam Husein. El patriotismo difuminaba así las diferencias sociales y raciales y construía una identidad colectiva, el pueblo norteamericano, que declaraba su lealtad al presidente como jefe supremo de las fuerzas armadas. Es lo que le recordó Bush a John Kerry, el candidato demócrata, en los debates de la campaña presidencial de 2004: que, dada su trayectoria y falta de coherencia, no podía ser fiable como "comandante" supremo de las fuerzas armadas. Se lo decía él, el presidente que había organizado "la guerra contra el terror".

Esa guerra contra el terror convirtió una vez más al Ejército norteamericano en un instrumento básico de la violencia política del Estado, como lo había sido, primero desde los años cincuenta, en las campañas antiguerrillas en Latinoamérica, y, en los años sesenta y setenta, subiendo un escalón más, en la estrategia militar anticomunista desplegada en el sureste de Asia. Guantánamo, y las desproporcionadas medidas de seguridad que Estados Unidos inauguró y extendió desde finales de 2001 prácticamente a todos los países, constituyen las manifestaciones más claras de la legitimación del Estado, de un Estado fuerte y en guerra, para controlar vidas y haciendas de los ciudadanos.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre otorgaron a Bush plenos poderes para emprender la guerra contra el terror y para poner en marcha los planes diseñados por sus asesores políticos, con Karl Rove a la cabeza, y por sus compañeros de viaje Dick Cheney y Donald Rumsfeld. Por ese camino de fortalecimiento de la maquinaria de control y represión, dejaron voluntariamente fuera del escenario, marginándola de la historia que ellos estaban construyendo, la capacidad del Estado para promover el desarrollo económico y para actuar como agente de redistribución social, dos de las características de los Estados modernos, presentes ya en las respuestas keynesianas que siguieron a la gran depresión de 1929.

La contribución de George W. Bush y de sus amigos y aliados internacionales a la historia de la humanidad en ocho años de poder absoluto ha sido extraordinaria: una guerra violentísima e innecesaria en Irak, con ramificaciones trágicas en otros países; una exagerada percepción de la amenaza terrorista, que ha provocado más muertos, aunque no en Estados Unidos, en vez de evitarlos; y una crisis económica, ocasionada por la irresponsabilidad de banqueros y especuladores de fondos de inversión, que ha alcanzado a todo el mundo y está causando efectos devastadores en millones de ciudadanos.

Hoy podemos recordar el rostro siempre risueño de Bush, y de Aznar, y el optimismo y arrogancia con la que los ricos vendían sus productos. Pese a las persistentes secuelas del 11-S, un 30% de la población estadounidense declaraba en esos años estar entre el 10% más rico de la sociedad y esos mismos ciudadanos creían que en su país no había pobres. En realidad, Estados Unidos era un lugar excelente para los ricos -el 1% de la población controlaba casi el 40% de la riqueza-, pero no tanto para esos millones de adultos que vivían en la pobreza y que carecían de seguro médico y de servicios sociales básicos.

Con sus actuaciones, esos gobernantes han quebrantado una parte sustancial de la tradición democrática, aquella que siempre puso al Estado al servicio de los ciudadanos y no en manos sólo de los amos del capital. Para comprender esa tradición, y hacerla presente en momentos tan críticos, conviene mirar a la historia, a los períodos en que los Estados han actuado como dispositivos de seguridad frente a los fallos del mercado y a la desigualdad excesiva. Eso es lo que Barack Obama parece dispuesto a recuperar, que el Estado conserve la capacidad para mantener la fuerza frente a cualquier desafío terrorista o armado y, al mismo tiempo, instigado por la sociedad civil, formule y dé cuerpo a procesos políticos de redistribución de los recursos sociales. Los destrozos generados por las políticas neoliberales y los dueños de las finanzas así lo aconsejan.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.