Duelo por todos

Esperanza Aguirre ha intervenido en el debate a propósito de las exhumaciones de las fosas de la guerra y posguerra y, ha declarado, con tanto oportunismo como falta de tacto, que está a favor de defender a todas las víctimas, "también a las del franquismo". Más allá de la condescendencia con la que acepta ocuparse también de los perdedores y, dejando de lado que la Comunidad que preside se desentendiera de la invitación que le hizo el Ministerio de Justicia para colaborar en la elaboración del mapa de fosas, sus palabras no deberían tomarse a beneficio de inventario.

Una de las tareas que aún tiene pendiente la democracia española es la de facilitar a los familiares de quienes sufrieron los crímenes del bando vencedor la localización de sus parientes represaliados para, si así lo desean, desenterrar sus restos a fin de elaborar el duelo tan largamente pendiente. Y para que ello sea posible es imprescindible la colaboración de todas las fuerzas democráticas. Es decir, también del Partido Popular, consecuentemente con su condena, el 20 de noviembre de 2002 en el Congreso, junto al resto de grupos políticos, del golpe del 18 de julio de 1936 en una resolución unánime que reconocía moralmente a quienes padecieron la represión de la dictadura franquista, instaba a proteger a los exiliados y a los niños de la guerra y prometía ayudas para reabrir las fosas comunes.

La Ley de la Memoria Histórica, por su falta de concreción, desencadenó más estropicios de los que venía a solucionar. El artículo que se refiere a la excavación de las fosas se limita, del lado del Gobierno, a asegurar "la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones". Aprobada en diciembre de 2007, la falta de aplicación de la ley llevó a algunas asociaciones que respaldan las reivindicaciones de las víctimas a buscar amparo en el juez Garzón. El resto es conocido.

Conviene recordar que el 25 de enero de este año el Ministerio de Justicia firmó con las comunidades autónomas un convenio de colaboración para confeccionar el mapa que localiza todas las fosas, tal como preveía la ley. Resulta intolerable el retraso con que el Gobierno puso en marcha uno de los compromisos, acaso el menos gravoso, relacionado con las exhumaciones. Pero más intolerable es aún que las comunidades gobernadas por el PP, incluida la que preside Esperanza Aguirre, se desentendieran de la iniciativa.

La reapertura de las fosas nada cuestiona de la Transición. Al contrario, el espíritu de reconciliación que la alentó debe avanzar un poco más en la construcción de una memoria compartida que incluya la condena tanto de los crímenes del franquismo como de los que se produjeron en la retaguardia republicana, para borrar así el rencor y el resentimiento sin que se olvide lo sucedido. El duelo por un pasado tan lamentable y doloroso culminará de verdad precisamente el día en que toda la sociedad española lo asuma sin distinción alguna respecto al color de las víctimas.