Correa contra Garzón

Al juez Garzón no sólo han querido revocarle sus resoluciones por la vía de los recursos, que es la normal en el sistema judicial. Los afectados y agraviados por sus decisiones quieren también anularlo como juez y meterlo en la cárcel, recurriendo, si es preciso, a la vía oblicua de la querella penal. La personación de Francisco Correa en la querella por supuestas escuchas ilegales a abogados de la trama Gürtel, aceptada con una liberalidad pasmosa por el instructor del Tribunal Supremo, retrata bien lo rocambolesco de la situación: al jefe de la trama delictiva se le ofrece en bandeja la posibilidad de sentar en el banquillo al juez que lo investigó.

Los tres asuntos en los que se ha puesto en entredicho la instrucción de Garzón -la causa contra el franquismo, las conferencias en Nueva York con el patrocinio del Banco Santander y el control de las comunicaciones carcelarias de abogados del caso Gürtel con sus clientes- han tenido o pueden tener una solución ajustada en derecho dentro del procedimiento. Pero quienes tienen interés directo o indirecto en ellos han querido aprovecharlos para saldar cuentas -personales, ideológicas o meramente litigiosas-, con el juez. De ahí la utilización descarada de la doble vía: la del recurso y la querella.

La buena disposición encontrada en la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha facilitado la tarea. El ministerio fiscal ha sido actor privilegiado, de acuerdo con su función, en los tres asuntos cuestionados. Incluso ha sido el inductor de la resolución de Garzón sobre el control de las comunicaciones carcelarias de abogados de la trama Gürtel sospechosos de delito. Como conocedor a fondo de la instrucción de Garzón se ha opuesto a las querellas y ha negado que su actuación, por más jurídicamente controvertida que pueda ser, sea prevaricadora. Ninguna consideración han merecido sus informes. Sorprende la sordera que aqueja a la Sala Segunda del Tribunal Supremo cuando se trata de oír lo que dice el ministerio fiscal sobre la actuación de Garzón.

Incluso la personación de Correa en la querella sobre las presuntas escuchas ilegales a abogados de la trama Gürtel ha sido aceptada por el instructor del Supremo antes de resolver el recurso del fiscal contra la admisión a trámite de esa querella. Mientras tanto, los abogados de Correa y de los otros implicados en la trama agotan la vía de los recursos en su intento de cuestionar a Garzón y de anular sus investigaciones. Desde determinados sectores siempre se ha insistido en que los delincuentes gozan en España de excesivas garantías. En adelante podrán citar como ejemplo el de los implicados en la trama Gürtel. El sistema penal no sólo les garantiza el derecho de defensa; les da opción a intentar meter en la cárcel al juez que descubrió sus delitos. ¿Qué diríamos si se dieran esas facilidades a atracadores de bancos? ¿Se las merecen atracadores de fondos públicos como son los delincuentes de la trama Gürtel?