Candidatura nuclear

El pleno de Yebra, localidad de la provincia de Guadalajara de unos 600 habitantes, próxima a la ya clausurada central nuclear de Zorita, aprobó ayer, en una agitada votación y por cinco votos (del PP) frente a dos (del PSOE) la candidatura para acoger en su término municipal el Almacenamiento Temporal Centralizado de residuos nucleares de alta actividad (ATC). En 2004, el Congreso aprobó por unanimidad instar al Gobierno a construir ese almacén. Tal unanimidad ha tendido a disolverse a la hora de concretar el lugar en que se ubicaría la instalación. En general, los gobernantes autonómicos y algunos partidos se han mostrado dispuestos a apoyar la necesidad de un almacén, pero siempre que se instale en otra comunidad distinta a la suya.

La muy extendida oposición a la energía nuclear en España parecía implicar que el proceso sería largo, dificultoso y quizá sin ningún candidato final. Pero la crisis económica, unida a la mejora de los mecanismos de seguridad, ha atemperado esa oposición, especialmente en las localidades con experiencia en la materia por tener o haber tenido centrales próximas. De hecho, las condiciones del concurso convocado a fines de 2009 dan prioridad a los municipios próximos a centrales nucleares. Otras condiciones son no estar en terrenos sísmicos ni inundables y tener acceso al ferrocarril.

Entre las ventajas ofrecidas destaca la creación de 500 empleos para los cinco años que se calcula que puede durar la construcción de la planta, en la que se invertirán unos 800 millones de euros. Es un argumento poderoso, pero los opositores a la iniciativa alegan que son empleos que ocuparán personas de otras localidades y que desaparecerán tras finalizar las obras. Por eso la oferta incluye la creación de un parque tecnológico de investigación que permanecerá en el tiempo. Y se estima que el municipio que acoja el ATC podrá ingresar en tributos locales millones de euros al año.

En todo caso son más comprensibles las dudas de una parte de las poblaciones afectadas, dada la carga emocional asociada a todo lo nuclear, que la actitud de algunos políticos que no pueden ignorar que el ATC supone una mejora sustancial de la seguridad con la que se custodian los residuos. La actitud que están tomando algunos responsables autonómicos en Castilla-La Mancha y en Cataluña sólo se explican por razones electoralistas, aunque es cierto que tampoco ayudan mucho reacciones como la del ministro del ramo, Miguel Sebastián, menospreciando públicamente la opinión del presidente de la comunidad castellano-manchega, cuando lo que se requiere, en un tema difícil pero importante como éste, es la colaboración leal y constructiva de unos y otros.

Porque los residuos hay que situarlos, en adecuadas condiciones de seguridad, en algún sitio; al menos hasta que se pongan a punto técnicas de eliminación cuyo principio es ya conocido pero cuyo desarrollo tardará décadas en culminar.