Campus sin excelencia

Es sabido que nuestras Universidades no se encuentran entre las mejores del mundo, y así lo recogen año tras año los estudios de revistas e instituciones internacionales consideradas de referencia. La constatación de este hecho y el intento de hacer aparecer algunas de ellas en las diferentes clasificaciones que miden su calidad estuvo en la base del programa Campus de Excelencia Internacional. Pero la confluencia de la crisis económica y la aparente imposibilidad de seleccionar a un pequeño número de Universidades entre las muchas que se han creado durante los últimos años ha acabado desnaturalizando su objetivo. De lo que se trataba era de apostar a fondo por algunos centros, facilitando el salto de calidad necesario para obtener reconocimiento internacional.

Cualquier política que apunte hacia la mejora de la calidad docente e investigadora de las Universidades españolas pasa, desde luego, por invertir más en el sistema. Pero también por otras medidas más estratégicas que cuantitativas, como discriminar según los resultados obtenidos y el esfuerzo que se haga para reclutar talento, venga de donde venga. La especialización de las Universidades y el aumento de la eficacia en la utilización de los recursos son otras reformas del sistema que contribuirían a colocar algún campus español en la lista de los mejor considerados.

Muchos países han puesto en marcha planes de austeridad que han salvado a las Universidades por entender que era un sector esencial para el futuro de la economía y del empleo. No ha sido el caso de España, aunque los recortes en Universidades han sido inferiores a los efectuados en otros sectores.

La implantación de nuevas titulaciones y organización docente en lo que se conoce como Proceso de Bolonia no se ha aprovechado para introducir más racionalización en el sistema, agrupando títulos de distintas Universidades y reorientando la oferta a las necesidades de la sociedad. La resistencia de las propias Universidades a progresar por esta vía procede de una visión sesgada de su papel: no existen ni están sufragadas por el contribuyente para favorecer los intereses de quienes forman parte de ellas en cada momento, sino para cumplir un papel de la mayor importancia en la modernización de nuestro país que puede requerir pasar por alto o actuar contra esos intereses corporativos.

Dos son, pues, los vectores del cambio necesario para corregir la actual situación. Primero, el aumento de presupuestos, imprescindible en cualquier circunstancia, que alinee el gasto universitario en términos relativos al que se da en los países avanzados; segundo, una exigencia generalizada de rigor en la utilización de fondos públicos para mejor adaptarse a las demandas sociales. En ambos factores deben jugar un especial papel las comunidades autónomas, que son la administración de referencia para el sistema universitario, sin olvidar la propia comunidad universitaria.