Cambio de orientación

El Gobierno adoptó ayer dos decisiones que suponen un cambio significativo en la orientación de la política económica aplicada desde que se declaró el estado de crisis financiera internacional y de profunda recesión económica nacional. La primera es una propuesta de aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, completada además con un (por el momento) indeterminado aumento en la base de cotización a la Seguridad Social sobre la que se calcula la pensión de jubilación. Es evidente que esta propuesta, rechazada de plano por los sindicatos, pretende consolidar el sistema de pensiones, que en el futuro puede verse arruinado por un mercado laboral en el que los cotizantes empiezan a trabajar cada vez más tarde, se jubilan a edades cada vez más tempranas y, además, tienen una esperanza de vida mayor. La segunda medida es el anuncio de un plan de recorte del gasto público de 50.000 millones en tres años que, según la vicepresidenta Elena Salgado, respetará el gasto social y las inversiones en I+D.

Ambas medidas suponen un viraje en la política económica por varias razones sobre las que merece la pena reflexionar. El Gobierno da a entender que el periodo de combate de la recesión a través de fuertes estímulos económicos debe dejar paso paulatinamente a un programa de sostenibilidad financiera del Estado, gravemente socavada por el oneroso coste de la recesión. Los términos de esa amenaza contra las finanzas públicas se conocieron ayer. El déficit público se ha disparado hasta el 11,4%, dos puntos por encima de la previsión del Gobierno. Este descontrol puede provocar dificultades de financiación o refinanciación de la deuda. Hay advertencias bien recientes, injustas pero notorias, de las agencias de calificación de riesgos. No es casual que la prima de riesgo español esté rozando ya los 100 puntos básicos.

La crisis prolongada del mercado laboral presiona intensamente sobre las finanzas públicas. La EPA del último trimestre de 2009 confirmó que el año pasado se destruyeron 1.210.800 puestos de trabajo, el número de parados aumentó en 1.118.600 personas y el paro total afecta ya a 4.326.500 personas. No hay expectativas de una reducción significativa del desempleo en los próximos tres años y, por tanto, el coste económico y social de esta crisis -ya hay 1.220.000 hogares con todos sus miembros en paro- será muy elevado. La programación pública debe prepararse para pagar los costes sociales de tasas de paro superiores al 11% al menos durante los próximos ocho años.

Por tanto, el plan de recorte del gasto y la propuesta de reforma de las pensiones intentan convencer a los mercados de inversión, los que deben juzgar la calidad de la deuda española, de que el Gobierno hará cuanto esté en su mano para que España no sufra de los mismos males que Grecia.

Pero una cosa es que el viraje sea correcto -y es correcto-, si se mantienen las redes de protección social, y otra muy distinta que sea creíble. La propuesta de los 67 años inicia un saludable debate sobre las condiciones para reforzar el sistema, pero exige además elevar de forma significativa el periodo de cálculo de pensiones y depende de un acuerdo difícil con los agentes sociales. Sin mencionar el hecho de que ampliar la edad de jubilación choca con la dinámica de las empresas, que prefieren rotaciones más rápidas para abaratar los costes. En el caso del plan de austeridad, el juicio queda en suspenso hasta que se conozca el plan de reestructuración del gasto público. Hoy, sólo es una declaración de intenciones -loable, en efecto-. Que sería más creíble si el Gobierno hubiese propuesto la supresión de funciones y funcionarios de las administraciones públicas, una congelación total de los salarios públicos y la suspensión hasta tiempos mejores de ayudas sociales que no son tales, como los cheques-bebé.