Ahora se trata del derecho

Veinticinco años de constante desregularización de los mercados y de rebajas de impuestos (desde la famosa reaganomics de los años noventa hasta la última etapa de Bush) formaron el caldo de cultivo para la crisis económica de 2008, como ya casi nadie niega. Diez años de ininterrumpidos ataques contra el ejercicio de derechos fundamentales pueden estar llevándonos a una crisis político-social igualmente importante, con un mundo académico y político que parece también contagiado por una especie de parálisis, que esta vez no está relacionada con la economía, sino con el derecho.

Habría que estar atentos, no vaya a resultar que la crisis económica, su traducción legislativa, esté dando origen, en la práctica, a muchas más medidas destinadas al control del ejercicio de derechos fundamentales que al control del funcionamiento de los mercados responsables del problema.

Asistimos a una preocupante reducción de derechos, tanto en legislaciones nacionales como en la comunitaria

Sería paradójico que el balance de esta importante etapa no sea un mayor control de las operaciones financieras dudosas, sino la modificación de los derechos de los ciudadanos, mediante sucesivos y silenciosos retoques del derecho de ciudadanía, o del derecho penal, por no hablar del derecho laboral, que no es que esté siendo objeto de reformas (que serían, debe decirse, muy deseables), sino de un desmantelamiento absoluto. Ya lo dijo el profesor Umberto Romagnoli: "No se trata de mantener en Europa un modelo social con 20 millones de parados, que es injusto, pero tampoco de obligar a los ciudadanos a enfrentarse en soledad con una divinidad irascible y misteriosa que es el mercado del trabajo".

De momento, el balance no puede ser más inquietante. Desde la Patriot Act norteamericana, promulgada a raíz del 11-S, hasta las nuevas normativas europeas de emigración, de control de información y de represión conjunta de movimientos sociales, los derechos ciudadanos no parecen expandirse, sino someterse, en distintos grados y con distinta publicidad, a una preocupante reducción. En el caso europeo, no se trata solo de las legislaciones nacionales, sino también de la comunitaria.

Algunos organismos intentan, sin mucho éxito, alertar sobre esos recortes. El Supervisor Europeo para la Protección de Datos (EDPS, por sus siglas en inglés) ha denunciado la directiva que pretende aprobar la Comisión para el control y almacenamiento de las comunicaciones de los ciudadanos para su posible uso en la investigación de delitos. El Supervisor admite que la posibilidad de acceder a las comunicaciones puede jugar un papel importante en las investigaciones criminales, pero no comprende qué utilidad tiene que se realice un almacenaje a una escala tan enorme. "La obtención de los datos necesarios se podría regular de una manera menos intrusiva para la vida de todos los ciudadanos", asegura.

Mientras tanto, siguen adelante legislaciones nacionales que hace años habrían sido denunciadas en toda la UE. El nuevo Gobierno finlandés quiere que existan dos documentos de identidad: uno, azul, para los finlandeses-finlandeses nacidos en el país, y otro, marrón, para los finlandeses a medias que han adquirido esa nacionalidad, pero no han nacido allí. Y sigue adelante la pésima ley de prensa aprobada por el Gobierno húngaro, y se van ampliando, movimiento a movimiento, los días y meses en que inmigrantes que no han cometido delitos, pero que no tienen documentación en regla, pueden ser encarcelados. En muchos países hay más propuestas legislativas para ampliar las competencias policiales respecto a los movimientos sociales que para ampliar los canales de comunicación del Gobierno y el Parlamento con esos mismos movimientos.

Los abogados y los expertos en derecho no deberían dejar que les ocurra lo mismo que les pasó a los economistas. "Lo sentimos, señores, una mezcla de arrogancia y de pensamiento único nos impidió ver lo que estaba ocurriendo".