Ahora sí, antes no

El Tribunal Superior de Valencia ha apreciado indicios de financiación irregular del PP de esa comunidad en el marco de la trama Gürtel, pero ha remitido la investigación al Tribunal de Justicia de Madrid. La decisión encaja con la actual situación procesal del caso: el Tribunal de Madrid hace tiempo que investiga esa supuesta financiación irregular a partir del informe realizado por la Brigada de Blanqueo de Capitales.

Si el Tribunal de Madrid encuentra indicios contra aforados valencianos tendrá que inhibirse, y el de Valencia aceptar el caso. Salvo que la instrucción del conjunto del caso Gürtel termine en la Sala Segunda del Supremo que ya instruye la parte que afecta al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado del mismo partido Jesús Merino. Para los socialistas valencianos, autores de la querella que ha motivado la decisión del Tribunal, esos indicios apuntan al presidente Camps, a seis altos cargos de la Generalitat, a cinco miembros de la trama Gürtel y a los responsables de cinco constructoras que, según el informe policial, habrían pagado facturas del PP valenciano.

Lo llamativo del asunto es que el mismo informe que sustenta la querella y la investigación del Tribunal de Madrid lo tuvo en su poder el Tribunal valenciano días antes de exculpar a Camps de cohecho impropio por el asunto de los trajes. Pero no lo tuvo en cuenta e incluso lo hizo desaparecer de la causa a petición del propio Camps, con el pretexto de que los indicios de financiación irregular nada tenían que ver con la causa por cohecho impropio. Esa decisión del magistrado Juan Luis de la Rúa, el más que amigo de Camps, reforzó la sospecha de parcialidad de su actitud.

El Tribunal valenciano aboga ahora por una única investigación judicial del caso Gürtel. También la Fiscalía Anticorrupción. Habría sido más acertado defender la unidad de la causa, y no su troceamiento, desde el principio: no se habría dado lugar a que el caso Camps, desgajado de "la trama delictiva", se resolviera sin contar con todos los elementos de prueba. Resulta pueril, por lo demás, que los populares valencianos pretendan echar sobre sus compañeros de la dirección nacional la entera responsabilidad de una posible financiación irregular del partido. Como mínimo serían colaboradores necesarios: los financiadores son contratistas de la Generalitat.