El tira y afloja de los letrados y la Comunidad

Los 4.500 abogados apuntados al turno de oficio están llamados hoy a la huelga. La convocatoria establece que solo atenderán a los detenidos en las comisarías, en los juzgados y en los juicios y se dejará de lado el papeleo que pueda esperar o que no sea de inminente urgencia.

Son varios los motivos que justifican las movilizaciones y que vienen siendo denunciados por el colectivo de letrados desde hace años. Entre ellos, que los honorarios que cobran están congelados desde 2003. También se quejan de los retrasos por parte de la Consejería de Justicia en el pago de las minutas, en ocasiones superiores a un año.

Una de las opciones que tienen es acudir a los bancos con el visto bueno de la Comunidad de Madrid en las facturas presentadas. Las entidades bancarias les adelantan las cantidades, pero con una quita que puede llegar hasta el 10% por adelantar el dinero.

Durante los últimos meses, los letrados han protagonizado sonoras protestas. Se han plantado en la Puerta del Sol ante la sede del Gobierno regional y se han encerrado en la sede del Colegio Oficial de Abogados de Madrid. Hasta ahora poco han conseguido. Aseguran que todavía les deben parte de la factura de 2010 y que no están dispuestos a seguir trabajando por sueldos ínfimos que les supone muchas veces trabajar casi a pérdidas.

Detrás de todo el debate está el anuncio del Gobierno regional de intentar limitar al máximo la justicia gratuita y el turno de oficio, sobre todo, cuando se les ha disparado la factura. Los juicios por delitos contra la seguridad vial, en concreto por alcoholemia, han supuesto un aumento de intervenciones del turno de oficio, lo que ha repercutido en las arcas regionales. A ello se ha unido la denuncia del Ejecutivo regional de que en los temas de extranjería, en especial en las expulsiones del país, los abogados del turno siguen todo el procedimiento hasta llegar a veces al Tribunal Supremo, pese a no contar con el visto bueno de su cliente, que en la mayoría de los casos ya ha sido repatriado a su país de origen. Los letrados mantienen por su parte que la ley les obliga a defender a sus clientes hasta las últimas instancias judiciales. En caso contrario, estarían causándoles indefensión y vulnerando el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.

La Comunidad se ha negado en rotundo a aumentar las tarifas para el turno de oficio. En época de crisis, sostiene que resulta "poco razonable" hacer una huelga por problemas económicos. También adelantan que los cuatro millones que se adeudan de 2010 se ingresarán en los próximos días y recuerdan que en los últimos meses se han reunido (sin éxito) con las asociaciones profesionales. Estos encuentros se han interrumpido por las elecciones.