Los rectores reclaman a Aguirre casi 139 millones en nóminas y recibos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y los rectores de las seis universidades públicas se reunieron ayer por la mañana para hablar de dinero. Las universidades madrileñas reclaman desde hace tres años al Ejecutivo regional el pago de una deuda que crece mes a mes. Más de 251 millones entre gasto corriente e inversiones, según estimaciones de las universidades. La Comunidad de Madrid no da cifras, a expensas de lo que estime en las próximas semanas la Consejería de Economía y Hacienda, que elaborará un calendario de pagos en las próximas semanas.

La Comunidad se comprometió ayer a empezar a pagar este mismo año, pero sólo en lo que respecta a gasto corriente y personal, es decir, nóminas y recibos atrasados de las seis universidades públicas (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos). Los pagos se distribuirán durante varios años. El motivo, según la consejera de Educación, Lucía Figar, es que resulta "muy complicado en tiempos de crisis hacer desembolsos de un día para otro de cantidades no recogidas en el presupuesto".

El Gobierno regional distribuirá los pagos durante varios años

"Es complicado, con esta crisis, hacer desembolsos no previstos", dice Figar

El presidente de la Cruma (Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas), Carlos Berzosa, estimó, tras la reunión con Aguirre, que la partida de gasto corriente podría suponer "unos 60 millones" de deuda. La cifra se dobla tras recabar datos de todas las implicadas. Las universidades esperan casi 139 millones de euros (ver cuadro adjunto) en gasto corriente, desde los casi 44 millones que reclama la Complutense a los 11 que pide la Universidad de Alcalá.

Educación no ofreció ninguna estimación de cuánto pagará. Esperará hasta que se pronuncie Economía. Pero de este asunto ya han hablado, y no para darle la razón a los rectores. Cuando las universidades públicas pusieron encima de la mesa la deuda por el adelanto de pagas extraordinarias, Educación respondió que la cifra no era real porque miden de forma diferente.

Los rectores, según la consejería, hacen una interpretación distinta de la que aplica la Consejería de Hacienda a todo el personal de la Comunidad de Madrid. El Estatuto Básico del Empleado Público (2007) estableció un aumento en las pagas extraordinarias, que incluirían retribuciones básicas y complementos, con un aumento anual de un tercio de esa cantidad desde 2007 que el Gobierno regional no reconoce. El primer paso ya está dado. Los rectores reclaman desde hace meses un calendario de pagos, del que esperan "un alivio económico" pero "no excesivo", a juicio del presidente de los rectores.

Las universidades públicas comenzaron sus protestas en 2008 tras unos primeros recortes que casi afectan a las nóminas de los funcionarios. La última protesta conjunta fue el pasado diciembre, cuando los rectores aprobaron un manifiesto institucional contra la "asfixia económica" tras conocer que el presupuesto de 2010, con 1,84 millones para universidades, suponía una rebaja de casi el 4% respecto al año anterior.