El juez le da 15 días a Aguirre para cumplir la sentencia de la M-501
El Tribunal Superior obliga a la Comunidad a deshacer las obras realizadas y a dejar la carretera como estaba por considerar la zona de protección ambiental
Las máquinas podrían volver a la carretera de los pantanos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) concede 15 días a la Comunidad de Madrid para que cumpla una sentencia dictada por este mismo tribunal en 2008, que obligaba al Ejecutivo regional a paralizar las obras de desdoblamiento de la M-501 y contemplaba la restitución de la zona protegida a su estado original.
El proyecto regional fue declarado como ilegal hace cinco meses por el Supremo, por incumplir los trámites administrativos. La ampliación de la carretera de los pantanos, M-501, acumula un largo historial de procesos judiciales. Fue un proyecto personal de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. En 2005 defendió el desdoblamiento entre Quijorna y Navas del Rey debido al "interés general, por razones imperiosas de seguridad vial".
Hace cinco meses el Supremo declaró ilegal la ampliación realizada en la vía
La presidenta obvió los informes en contra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) -suscrito en 2006 por más de 150 científicos-. Aguirre emprendió las obras en medio de una zona de alta protección ambiental, el parque regional del río Guadarrama. Y desoyó las recomendaciones de los expertos que proponían medidas para reducir los accidentes menos agresivos para el entorno.
Enseguida las asociaciones ecologistas comenzaron la batalla para frenar el proyecto. En febrero de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la organización ecologista y ordenó la paralización de las obras, que costó unos 100 millones. La sentencia ordenaba "reiniciar el proceso administrativo y, en su caso, restituir a su estado anterior la zona afectada".
La Comunidad de Madrid se resistió a cumplir la sentencia y buscó todos los resquicios jurídicos para justificar su decisión. Recurrió la decisión del tribunal. Elaboró una declaración de impacto ambiental (DIA) sobre el proyecto. Este documento obligatorio, que el Gobierno regional evitó entregar hasta el final, recoge las afecciones ambientales en la zona y sus posibles soluciones.
Mientras tanto, la Consejería de Transportes terminó la obra de desdoblamiento de la veintena de kilómetros e inauguró el tramo por todo lo alto.
Al ver que la Comunidad de Madrid eludía el cumplimiento de la sentencia del TSJM, Ecologistas en Acción reclamó ante los tribunales la ejecución del mismo. La semana pasada, el TSJM dictó un auto en el que obligaba a la Comunidad de Madrid a cumplir la sentencia anterior. Desde Ecologistas en Acción, María Ángeles Nieto señala que la orden del TSJM "deja en evidencia la falsedad de los responsables regionales que han negado reiteradamente la obligación de cumplir con la sentencia". La Consejería de Transportes emitió una nota en la que aseguraban que presentarán las alegaciones pertinentes.
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