Los jueces aumentan la condena a los dueños de una constructora
La inmobiliaria CPV estafó 25 millones a 1.800 familias
Los responsables de uno de los timos inmobiliarios más importantes de los últimos años cumplirán mayor condena por estafar a cerca de 1.800 familias entre 1998 y 2001. El Tribunal Supremo ha elevado las penas que impuso la Audiencia Provincial a cuatro de los seis acusados.
La macroestafa empezó con un "gran despliegue publicitario" por parte de la empresa Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), que ofrecía casas en Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo. Corría el año 1998. Desde entonces y hasta octubre de 2001 convencieron a 1.797 personas para que comprasen pisos. Pero, pese al dinero que consiguieron, apenas adquirieron terrenos y no llegaron a construir ni una sola vivienda. El tribunal fija el daño económico en más de 25 millones de euros.
"A ver si es verdad que pagan el daño que ocasionaron", reaccionaba ayer la madre de un afectado. Su hijo decidió con 18 años invertir 500 euros al mes durante tres años en su primera casa. Todavía le deben 18.000. Cada afectado perdió de 20.000 a 70.000 euros de media.
La condena de Francisco García Moreno, director general de la promotora CPV y cerebro de la trama, ha aumentado de 10 años y medio de prisión a 12 años y cerca de 26.000 euros de multa. La de sus dos hijos, Francisco y Miguel Ángel García Sánchez, y la de Miguel Ángel Morillo, administradores, de ocho años y medio de cárcel a 10 y unos 13.000 euros de multa.
El tribunal considera que la "notoria gravedad" del caso y la "generalidad de los perjudicados" convierte el delito en una estafa agravada en la modalidad de "delito en masa". Los otros dos imputados, Adelina Eldes y Alfredo Vázquez, testaferros, mantienen las penas de tres años y dos años y medio respectivamente. También se confirma la millonaria indemnización conjunta a los afectados.
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