La investigación de los espías revela las mentiras del Gobierno en la Asamblea

"El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 6 a 12 meses". Este artículo, el 502.3 del Código Penal, podría haber sido vulnerado por los altos cargos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, incluido su titular, Francisco Granados, cuando fueron llamados por la comisión de investigación de la Asamblea que, entre el 6 de febrero y el 16 de marzo, estudió la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid.

El consejero Granados, uno de sus viceconsejeros, Alejandro Halffter y el director de Seguridad, Sergio Gamón mantuvieron en la Asamblea de Madrid que desde la consejería no se habían realizado seguimientos a altos cargos y representantes del PP. La investigación policial ha demostrado ahora lo contrario.

Lo afirma el informe elaborado por los agentes de la policía, en el que compara los partes de seguimiento al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, con las ubicaciones de los móviles de José Oreja Sánchez, José Luis Caro Vinagre y Antonio Coronado Martínez. Estos tres ex guardias civiles, asesores del consejero de Interior, "han sido los autores de los partes de seguimiento analizados y, por tanto, los autores de los seguimientos y vigilancias a que dichos partes hacen referencia", según el informe.

Esta conclusión policial contradice, por ejemplo, lo afirmado en la Asamblea el pasado 9 de marzo por el entonces director de Seguridad, según consta en el diario de sesiones de ese día: "Los equipos a mi cargo durante mi etapa como director general no se dedicaron jamás a esas actividades que, por cierto, se recogen en panfletos; anotaciones, no". Los tres guardias civiles ahora imputados fueron fichados como asesores de la consejería de Granados.

"Esos partes en muchos casos son erróneos, cuando no falsos", afirmó el consejero de Presidencia, Justicia e Interior en su turno de comparecencia en la comisión, el pasado 11 de marzo, según el diario de sesiones.

Por estas declaraciones, entre otras, realizadas en sede parlamentaria, los dos grupos de la oposición, PSM e IU, están estudiando acudir a la fiscalía, porque podrían ser constitutivas de delito. Tanto Maru Menéndez (PSM) como Inés Sabanés (IU) explicaron que, antes, escucharán lo que digan hoy los tres imputados ante el juez.El informe policial ha puesto de manifiesto que sí existieron seguimientos y que los realizaron empleados de la Comunidad de Madrid. Por eso, los grupos parlamentarios de la oposición, PSM e IU, están estudiando llevar a la fiscalía las declaraciones de los altos cargos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, según aseguraron sus dos portavoces, Maru Menéndez e Inés Sabanés.

Creen que los altos cargos de la consejería habrían podido cometer el delito que establece el artículo 504 del Código Penal, que castiga a quienes faltan a la verdad cuando son llamados por una comisión de investigación de un Parlamento. Ambas portavoces insistieron ayer en que la comisión de investigación, cerrada en falso por el PP, debe reabrirse.

"En el Gobierno regional, hay una crisis de legitimidad como yo no he visto nunca", subrayó ayer la portavoz de IU, Inés Sabanés. "En este momento, el Gobierno regional está derivando responsabilidades con versiones contradictorias. Hacen falta dimisiones. Esto no se puede saldar con que de tapadillo y en verano se produzcan dos o tres cambios de consejeros".

Sabanés insistió en que los altos cargos del PP pudieron "verter falsedades en comisión", hecho que calificó de muy grave, y que ahora están cayendo en versiones contradictorias. "Aquel que decía que Gamón decía la verdad o que jamás había ordenado los seguimientos, ahora dice que igual se han producido los seguimientos", agregó Sabanés en referencia al consejero Granados. La portavoz de IU recordó que éste declaró el pasado martes que las órdenes a los tres imputados "se las daría Sergio Gamón [fichado personalmente por Esperanza Aguirre como director general de Seguridad]". "O mintió Gamón, o Granados, o todos", sentenció.

En la misma línea, la portavoz socialista, Maru Menéndez, subrayó que no va a permitir que "entre Aguirre y Granados se convierta a Gamón en cabeza de turco". Recordó que el consejero Granados contrató directamente a los tres agentes imputados, "y la presidenta, a Gamón", agregó.

Menéndez afirmó que su grupo agotará las iniciativas parlamentarias para exigir responsabilidades al Gobierno regional "como la petición de reunión de la Diputación Permanente". La portavoz socialista agregó: "Estudiaremos ir a la fiscalía por las mentiras que se han dicho en la sede parlamentaria".

Éstas son algunas de las frases que pronunciaron los altos cargos de la consejería en la comisión de investigación, según recogen los diarios de sesiones:

FRANCISCO GRANADOS Consejero de Presidencia, Justicia e Interior

"Lo único que le digo y le acredito con documentos es que ni nosotros hemos creado esa estructura -que la creó el señor Leguina-, ni la hemos impulsado en su configuración actual -que lo hizo el señor Gallardón- ni nosotros hemos hecho funciones que no se hayan hecho con los gobiernos del señor Leguina y del señor Gallardón; y no es una opinión, es que es un hecho probado".

"A ustedes les parece tan raro que [los agentes] vayan de avanzada, antes de que llegue el alto cargo, simplemente para ver si hay algún problema, y que ya quedó acreditado que se hacía con el señor Leguina y con el señor Gallardón".

ALEJANDRO HALFFTER Viceconsejero de Interior

"Tengo que decir que no he visto en mi vida, ni conozco, ninguno de los supuestos partes; por tanto, no sé quién los ha podido confeccionar ni si corresponden a algún seguimiento efectuado a altos cargos. Pero sí les puedo asegurar que desde nuestra consejería no se ha ordenado el seguimiento -yo por supuesto no he ordenado ningún seguimiento ni el consejero, tampoco- o se ha espiado a nadie, como así se ha demostrado en las comparecencias de todos los responsables de seguridad que han ido apareciendo en esta comisión".

SERGIO GAMÓN Director de Seguridad

"Quiero que quede muy claro que nunca he ordenado, consentido o amparado ningún tipo de espionaje ni seguimiento a cargos políticos, ninguno. Y que no he conocido jamás ninguna acción de este tipo dentro de la dirección general en la que yo, en su tiempo, era responsable".