Sin escuela infantil y sin trabajo

Mercedes Garzón es una veterana. Lleva 30 años educando bebés, los últimos al frente de la escuela infantil pública Marta Mata, en Getafe. Pero el curso que viene no repite. Su cooperativa ha perdido la gestión del centro tras cinco años de trabajo. Presentaron un proyecto educativo casi perfecto: obtuvieron un 42,5 sobre un máximo de 45 puntos. Su competidora, con menos de la mitad de puntuación en el plan educativo (18 sobre 45) se queda con la escuela. Su propuesta económica es "un 20% más barata que la nuestra", explica Garzón. "Han tirado el precio y, con ello, la calidad, porque es imposible hacerlo tan barato", protesta. Otras 24 escuelas infantiles públicas de la región cambian de manos porque también las cuentas han pesado más que la educación. Sus trabajadores -más de 450 entre educadores, cocineros y demás personal, según estimaciones del sector y de CC OO- irán a la calle o se quedarán si aceptan una bajada de sueldo de hasta 300 euros al mes.

Hay adjudicatarias que se dedican a actividades como limpieza o seguridad

Las nuevas empresas no están obligadas a asumir el personal de las viejas

La Consejería de Educación cambió en 2008 los requisitos para la adjudicación de escuelas infantiles. En los nuevos pliegos de adjudicación, el precio por el servicio que establecen las empresas supone 45 puntos (que se otorgarán al que haga una oferta más baja). Otros 45 puntos son para el proyecto educativo y los 10 restantes se otorgan por el personal que incluya el proyecto.

En la escuela infantil Los Sauces, en Valdemoro, ha ocurrido lo mismo que en Getafe: cambia de manos por una nueva gestora que obtuvo una nota ínfima en el proyecto educativo. La cooperativa que gestionaba hasta ahora el centro obtuvo 35 puntos en el proyecto educativo frente a los nueve de la empresa que obtuvo la adjudicación, un suspenso. Pero les ganaron en ahorro. "Nos han barrido porque bajaron más del 18% el presupuesto, hasta una cantidad que no permite llevar un centro como este", protesta una de las educadoras, Ana Motilla, técnica especialista en jardín de infancia con 15 años de experiencia.

Este verano han salido a concurso 50 escuelas infantiles públicas. La mitad, según datos de la Consejería, se adjudicaron a empresas cuyo proyecto educativo era peor pero ofrecía más rebaja económica. AMEIGI (la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta, portavoz del sector) eleva esa cifra a 28 escuelas. Las nuevas adjudicatarias son empresas de servicios cuya actividad principal no es necesariamente la educación, sino que se dedican a distintas actividades como limpieza, seguridad, mantenimiento o logística.

Un portavoz de Educación señala que la Administración debe velar por el gasto eficiente y asegura que en el caso de las escuelas infantiles la valoración económica "es muy inferior" a la media de los concursos de las Administraciones, donde la parte económica supone "en torno al 60%-70% del total de puntuación", frente al 45% de estos concursos.

La Consejería asegura que todas las empresas adjudicatarias tienen experiencia en la gestión de centros educativos. Desde el sindicato CC OO critican el cambio de manos. "Es sorprendente que empresas de servicios vinculadas, a veces, al sector de la limpieza irrumpan en el sector educativo y se queden con los contratos por cuestiones económicas, desbancando a cooperativas con más de 20 años de experiencia educando niños", según el secretario general de Enseñanza de CC OO en Madrid, Paco García. Las nuevas empresas no están obligadas a asumir al personal de las viejas contratas. El convenio que rige en las escuelas infantiles, el de educación privada, no obliga a subrogar a los trabajadores con las mismas condiciones y los mismos sueldos, que en los centros oscila entre 1.100 y 1.300 euros brutos, según fuentes del sector.

En mayo, Comisiones y UGT presentaron a la Consejería de Trabajo un proyecto de convenio propio con AMEIGI. El texto incluye una cláusula para asumir a los trabajadores, explica Blanca Azanza, portavoz de la asociación. "Si nuestro convenio hubiera entrado en vigor, los nuevos adjudicatarios no habrían podido presentar un presupuesto tan bajo", asegura.

El convenio está pendiente de aprobación. Una portavoz de la Consejería de Trabajo señala que, hace un par de semanas, se solicitó a los sindicatos que acreditaran su representatividad en el sector para seguir con la tramitación del texto. Desde AMEIGI, les acusan de haberlo parado "a propósito".

Educación asegura que ha solicitado a las nuevas empresas que "en la medida de lo posible" mantengan al personal, aunque no están obligados a hacerlo. Antiguos trabajadores de las escuelas infantiles aseguran que les están ofreciendo 800 euros mensuales. "Nos han llegado noticias de que les ofertan condiciones laborales incluso por debajo de las previstas en el convenio colectivo. Estaremos muy pendientes por si se producen ilegalidades", advierte Paco García.