Los curas, lejos de la información

La Agencia Española de Protección de Datos ha "exigido", según la expresión que usa en su nota informativa, a la Comunidad de Madrid que limite el acceso de los representantes religiosos en los hospitales a los datos de los pacientes. Esa exigencia se basa en un informe, solicitado por el Ministerio de Justicia, que la Agencia ha remitido ya al Gobierno regional para que lo traslade a todos los hospitales.

El informe, que se refiere a la adecuación a la Ley de Protección de Datos del convenio, renovado el pasado enero, entre la Consejería de Sanidad y la Provincia Eclesiástica de Madrid, concluye que el acceso de los sacerdotes a los datos de los pacientes debe limitarse a aquellos que "efectivamente requieran la asistencia religiosa". El texto se refiere tanto a los religiosos de los comités de bioética -aconsejan sobre cuestiones como órdenes de no reanimar, qué hacer con bebés que tienen minusvalías graves o cuándo desconectar aparatos de soporte vital-, como a los equipos de cuidados paliativos (que administran tratamientos para atajar el dolor en pacientes terminales) de los hospitales.

Cinco hospitales madrileños cuentan con un representante de la religión católica en sus comités de ética, según la Consejería de Sanidad, que no precisó cuáles. El consejero, Juan José Güemes, insistió en que "no hay ningún religioso en ningún servicio de cuidados paliativos y nunca lo ha habido", y aseguró que "la situación de Madrid no es distinta a la de otras comunidades".

"Los religiosos están ahí exclusivamente para aquellos pacientes y familiares de pacientes enfermos que así lo demandan. Para prestar asistencia religiosa, para nada más. Quien quiera construir debates falsos sobre esta cuestión tendrá sus razones, pero no deja de ser, simplemente, una mentira", aseguró Güemes.

Sanidad afirmó ayer en un comunicado que "sólo los profesionales sanitarios tienen acceso a los datos clínicos y en ningún caso se contempla el acceso por parte de los sacerdotes". También se quejó la consejería de "la utilización partidista y sectaria de las instituciones del Estado para atacar al Gobierno de la Comunidad de Madrid".