El 'caso Gürtel' llega al Ayuntamiento de Madrid de la mano de López Viejo

Un año después de que estallase el caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada al PP que acumula ya un centenar de imputados, entre ellos ex alcaldes, diputados y senadores de esta formación política, la investigación llega por primera vez al Ayuntamiento de Madrid, que hasta ahora había permanecido al margen del escándalo.

El juez que instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, envió la semana pasada a la policía judicial a requisar contratos relacionados con la adjudicación de obras publicas a los Ayuntamientos de Madrid, Alcalá de Henares y Majadahonda, todos ellos gobernados por el Partido Popular. Los contratos estarían supuestamente relacionados con las empresas de la trama corrupta o con sociedades que pagaron comisiones ilegales.

Según el PSOE e IU, López Viejo autorizó gastos de 18 millones sin acreditar

Aguirre le dejó manos libres para organizar todos los actos institucionales

Los contratos de Majadahonda son de la época de Guillermo Ortega

Un funcionario de Alcalá denuncia que le ordenaron adjudicar a dedo

La orden judicial aclaraba que los contratos presuntamente irregulares objeto de la investigación se encontraban en la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que ahora dirige la edil Ana Botella, esposa del ex presidente José María Aznar, con el que el cerebro de la trama, Francisco Correa, inició su aventura empresarial vinculada al PP.

Sin embargo, estos expedientes no tienen que ver con la gestión de Botella, sino con adjudicaciones de servicios aprobadas en la época en que el concejal de Limpieza de Madrid era Alberto López Viejo. Estas concesiones se aprobaron antes de la llegada al gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón y su equipo, en el que se integró Ana Botella.

López Viejo es ahora diputado autonómico y fue consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre hasta que estalló el escándalo del caso Gürtel. Durante su etapa en el Ayuntamiento de Madrid (de 1999 a 2003) su gestión como concejal de Limpieza estuvo repleta de sombras.

Los grupos municipales de la oposición (PSOE e IU) denunciaron en repetidas ocasiones que durante su mandato se autorizaron gastos por más de 18 millones de euros, sin que estuvieran suficientemente acreditados, para que las empresas de limpieza hicieran frente a imprevistos. Cuando Ruiz-Gallardón llegó a la alcaldía de la capital modificó varios de los contratos adjudicados por el imputado, pero rechazó investigar su gestión.

Pese a estas sombras de sospechas, Esperanza Aguirre llevó a López Viejo en sus listas electorales de número seis, le hizo viceconsejero de Presidencia y, posteriormente, consejero de Deportes. Además, le dejó manos libres para encargarse de la organización de todos los actos institucionales donde participaba la presidencia autonómica, que adjudicó a dedo a distintas empresas de la trama corrupta.

El sumario del caso Gürtel sostiene que el ex consejero cobró comisiones ilegales por su trato de favor a las empresas de la trama corrupta, a las que llegó adjudicar actos institucionales de la presidencia por casi tres millones de euros mediante el troceado de los contratos para evitar convocar un concurso público.

Además de la investigación abierta en el Ayuntamiento de Madrid, el juez Pedreira también se ha interesado por distintas adjudicaciones de obras públicas de los Ayuntamientos de Alcalá de Henares y Majadahonda, además de recabar documentación de la empresa de Patrimonio Municipal de Majadahonda.

Fuentes de este Ayuntamiento reconocieron a EL PAÍS que agentes de la Policía Judicial se personaron en las dependencias municipales durante la pasada semana para reclamar nuevos expedientes de obras públicas. Según las mismas fuentes, todos los contratos investigados por el juez Pedreira eran anteriores a 2005, cuando gobernaba Guillermo Ortega (PP), otro de los implicados en el proceso judicial al que Esperanza Aguirre sacó de la alcaldía por un escándalo urbanístico y re-colocó, con más sueldo, en la dirección general del Mercado de Toledo, una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid.

Es la tercera ocasión que la Policía Judicial acude al Ayuntamiento de Majadahonda para requisar documentación relacionada con el caso Gürtel. Anteriormente ya se llevaron para su análisis los expedientes relacionados con la construcción de 16 viviendas de lujo adjudicados en 2004. El juez también llegó a interesarse por el contrato de limpieza viaria que el entonces alcalde Guillermo Ortega firmó en 2002 y que fue encareciéndose durante años hasta llegar a duplicarse.

Además, Pedreira ha reclamado a Majadahonda documentación sobre la empresa de Patrimonio Municipal (Pammasa). Esta sociedad pública fue objeto de una investigación judicial porque dos ex ediles del municipio aseguraron que la sociedad recibía comisiones por permutar derechos de edificación que permitían a los empresarios liberarse de construir vivienda pública y, por tanto, obtener mayores beneficios. El actual alcalde del municipio, Narciso de Foxá, dirigía la empresa cuando se produjo la investigación judicial y llegó a declarar como imputado en el proceso.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares también ha recibido otro requerimiento judicial sobre diversa documentación, que ya ha facilitado. Fuentes del Gobierno de esta localidad reconocieron a EL PAÍS que durante la semana pasada recibieron la petición del juez Pedreira reclamando los archivos sobre dos contratos adjudicados a Constructora Hispánica, una de las empresas implicadas en la trama, que según las mismas fuentes ya habían sido entregados antes y entre los que se incluyen 19 documentos relativos al expediente de contratación del servicio para la realización de las obras de conservación y reforma de pavimentos en el municipio. Las mismas fuentes aseguran que ya habían remitido todos los documentos, a excepción de un modificado de obra que no forma parte del primer expediente y una certificación de la intervención municipal del parque de bomberos.

El Consistorio también remitió al juzgado otros documentos referidos a la obra del parque de bomberos del polígono industrial de La Garena, ubicado en la localidad alcalaína. A finales del año pasado, un funcionario del Ayuntamiento de Alcalá acudió voluntariamente ante el juez para denunciar que el concejal de Obras del municipio le ordenó "adjudicar una obra a Constructora Hispánica". Fuentes del Ayuntamiento recuerdan que este funcionario tiene varias causas pendientes contra los responsables municipales.