El alcalde de Valdemoro declara ante el juez por un presunto delito de prevaricación

El alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres (PP), está citado a declarar mañana, martes, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad. Este juzgado ha admitido a trámite una querella criminal interpuesta por una vecina de Valdemoro y que acusa a Moreno de un delito de prevaricación y otro sobre el patrimonio histórico. Los hechos denunciados -el Ayuntamiento incumple desde hace seis años una sentencia que le obligaba a demoler unas obras realizadas en un edificio protegido- afectan también al ex alcalde y hoy secretario regional del PP, Francisco Granados, aunque éste ha quedado fuera de la querella. El Ayuntamiento replica que está a la espera de otra resolución judicial para demoler las obras.

Paloma de Diego, vecina de Valdemoro, lleva más de una década batallando contra su Ayuntamiento para que cumpla la ley. La vivienda de esta vecina, en la plaza de Autos, está justo al lado de otra conocida como la Casa de la Inquisición, un inmueble del siglo XVIII incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos de la Comunidad.

Esa catalogación convierte al edificio en prácticamente intocable: en él sólo pueden hacerse obras de conservación y restauración, no de ampliación. A pesar de ello, el dueño, Nicolás Sánchez, reformó el inmueble en 1994 para construir una planta más, y modificó la cubierta. El gobierno municipal, entonces del PSOE, le advirtió de la ilegalidad y le instó a demoler esa planta, pero Sánchez recurrió ante los jueces. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia llegó en 1999 (es firme desde 2000) y dio la razón al Ayuntamiento, obligando a derribar las obras realizadas.

Pasados seis años, esa sentencia no se ha cumplido. Desde 1999 Valdemoro está gobernado por el PP. Su alcalde durante cuatro años fue Francisco Granados, hoy secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia de la Comunidad, y a él le sucedió José Miguel Moreno, su anterior teniente de alcalde y concejal de Urbanismo. Paloma de Diego les pidió varias veces por escrito que ejecutaran la sentencia. Fue en vano. Así que, cansada de enviar cartas, recurrió a los tribunales. "La habitación que se construyó ese señor me dejó sin patio. Como no recibo respuesta del Ayuntamiento, he puesto el caso en manos de mis abogados", declaró a este periódico en septiembre de 2003.

Sus abogados acudieron primero a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, que archivó las diligencias. En mayo de 2005, los letrados presentaron una querella por "prevaricación y delito contra el patrimonio" ante el Juzgado número 1 de Valdemoro, que sí vio indicios para investigar el caso y lo admitió a trámite. El pasado 24 de marzo la fiscalía solicitó la declaración de los dos acusados -el alcalde y el autor de las obras ilegales, Nicolás Sánchez-, y el 6 de abril el juzgado dictó providencia citándolos a declarar el 30 de mayo, es decir, mañana.

Una responsable del departamento jurídico del Ayuntamiento de Valdemoro confirmó el pasado viernes a este periódico la citación judicial cursada al alcalde, pero aseguró que el gobierno municipal no ha hecho dejación de funciones. "El Ayuntamiento lleva años requiriendo al propietario del inmueble a que derribe las obras. En 2003 se le envió el último requerimiento, y después se inició un procedimiento de ejecución sustitutoria: es decir, que como el propietario no derriba esa construcción, tendrá que derribarla el Ayuntamiento", explicó esta responsable.

Para que eso ocurra tienen que suceder dos cosas: "Un juez debe autorizar la entrada de funcionarios municipales en el domicilio, y el Ayuntamiento tiene que dotarse de una partida presupuestaria para realizar la demolición". Lo primero, la autorización judicial, no ha llegado. "Lo segundo no lo sé", dice esta responsable, que añade: "El Ayuntamiento se ha demorado en ejecutar la sentencia, es cierto, pero nunca renunció a cumplirla". El alcalde José Miguel Moreno no quiso hacer declaraciones.

Hace tres años, cuando este periódico denunció por primera vez el incumplimiento de la sentencia de 2000, el aún teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Valdemoro afirmó: "Es un tema complicado porque hay que contratar a una empresa que se encargue de la demolición y para eso se necesita una partida presupuestaria. Nunca nos hemos opuesto al cumplimiento de la sentencia. El derribo se hará pronto". Pero el tiempo ha pasado.

Si el asunto acaba en juicio, los abogados de Paloma de Diego quieren llamar a declarar como testigo al consejero Granados. No lo han incluido en la querella "por el momento" porque, al ser Granados diputado regional y ser aforado, el caso habría pasado directamente al Tribunal Superior, cuya fiscalía desestimó la primera denuncia interpuesta.