El alcalde de Guadarrama paga su defensa con dinero público

El alcalde de Guadarrama (13.000 habitantes), José Ignacio Fernández Rubio, del PP, paga a los abogados que le defienden de un caso de prevaricación con dinero público. Fernández Rubio, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel Rodríguez Bonilla, y otros tres concejales del PP del municipio han sido acusados por un juez de Collado Villalba de un delito de prevaricación (adoptar una decisión a sabiendas de que es injusta).

Y claro, el proceso judicial sale caro. Por eso, el pasado 25 de abril la junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó destinar 20.800 euros a la defensa jurídica del regidor y de su mano derecha. Los dos implicados se abstuvieron durante la votación, pero este órgano de decisión está controlado exclusivamente por los concejales del PP, por lo que no hubo oposición a la propuesta.

Fernández Rubio, Rodríguez Bonilla y los otros tres concejales populares fueron acusados por conceder la licencia provisional de explotación al restaurante El Molino de El Rey, situado en suelo con la máxima protección. El primer teniente de alcalde es administrador de la empresa que gestiona el mesón.

Sufragar la defensa jurídica de un proceso judicial contra la figura del alcalde no es ilegal, según varios expertos consultados. Pero en el caso de que la sentencia condene finalmente al regidor será "éticamente reprobable", aseguran. El alcalde explica que este es el procedimiento habitual que se ha seguido siempre en Guadarrama. "Incluso cuando había alcaldes de otro signo", precisa.El grupo socialista de Guadarrama considera "un escándalo y un insulto para los contribuyentes que los vecinos tengan que pagar la defensa de ambos individuos".

El caso nació hace ocho años, en 2.000. La empresa Golden Hipotecaria, de la que es administrador el primer teniente de alcalde, compró unos terrenos junto al río Guadarrama para reformar un antiguo molino de piedra y convertirlo en un restaurante. Pero los terrenos tienen el máximo grado de protección. Pese a todo, la empresa siguió adelante para instalar su negocio y solicitó la correspondiente licencia al Ayuntamiento, que concedió una licencia provisional e hizo caso omiso de las repetidas advertencias de la Comunidad de Madrid. El director general de Urbanismo reclamó, en 2003, al Ayuntamiento que cerrase el restaurante, que hizo oídos sordos.

En marzo de 2008, el juzgado de instrucción número 2 de Collado Villalba confirmó el delito contra la ordenación del territorio. Ahora, el juez que instruye el caso ha remitido el proceso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El alcalde es también diputado regional, por lo que sólo puede ser juzgado por este tribunal. De esta forma, el proceso comienza de nuevo. Ahora el TSJM tiene que decidir si admite a trámite la denuncia y reiniciar todo el proceso, que se dilatará durante años.