La UE sentencia que la obra de la M-30 requería un informe ambiental

Varapalo judicial a la obra estrella del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en la legislatura pasada. Tras cuatro años justificando la legalidad de la reforma de la M-30, el Ayuntamiento recibió ayer una mala noticia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, emitió una sentencia que establece que la reforma de esta circunvalación debió someterse a una evaluación de impacto ambiental previa a los trabajos, como exige la legislación comunitaria sobre vías urbanas.

La sentencia del tribunal de Luxemburgo es la respuesta a la consulta que le planteó el Juzgado número 22 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, encargado del recurso que había interpuesto Ecologistas en Acción contra las obras de la M-30 por no contar con declaración previa del impacto ambiental. El magistrado quería aclarar el contenido de la normativa comunitaria. Los jueces europeos le dicen ahora a su colega español que la obra sí requería ese informe, pero le dejan la patata caliente de decidir si los trabajos se ajustaron o no a la normativa europea.

Los esfuerzos municipales por ampararse en la letra pequeña de la legislación nacional y europea quedan ahora en entredicho. El Consistorio siempre negó la necesidad de la evaluación, porque sostenía que se trataba de una vía urbana. Además, para eludir la ley autonómica, dividió los 56 kilómetros de la vía en 15 tramos, para acometer las obras como proyectos independientes.Con la fragmentación de la obra, el Ayuntamiento de Madrid logró que ningún tramo tuviera más de cinco kilómetros, lo que le hubiera obligado a superar un informe ambiental, según la normativa autonómica. Y también los mantuvo por debajo de los 10 kilómetros que la normativa nacional y europea establece como límite.

Las obras, con un coste de más de 3.600 millones, se realizaron en 30 meses. Culminaron días antes de las últimas elecciones municipales, en mayo de 2007. Un año y medio después de su finalización, el tribunal europeo ha echado por la borda todos los argumentos del Consistorio. La sentencia deja claro que el examen medioambiental "no puede eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto". Y, además, precisa que cualquier plan relativo a una vía urbana debe someterse a la declaración ambiental. Este periódico intentó ayer, sin éxito, conocer la opinión de algún responsable municipal sobre la sentencia europea.

"El texto marca un precedente. Se acabó eso de meter la tuneladora y preguntar después", asegura Carlos Carnero, eurodiputado socialista. Esta resolución permite a un juez paralizar cualquier obra que no cumpla con la evaluación ambiental, según Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción, que prevé que el juzgado madrileño emitirá su sentencia en septiembre.

Los desencuentros judiciales entre Ecologistas en Acción, impulsor del recurso contra las obras, y el Ayuntamiento se remontan al 17 de enero de 2005. La Concejalía de Urbanismo aprobó entonces varios proyectos relacionados con la reforma de la M-30. La organización ecológica tomó cartas en el asunto y presentó un primer recurso contra esta resolución del Ayuntamiento que fue desestimado. No bajaron los brazos y contraatacaron con el recurso contencioso-administrativo aún pendiente de decisión. Su caballo de batalla era que las obras infringían tanto la normativa nacional como la directiva europea en materia de evaluación ambiental.

En el mismo barco que los ecologistas se situaron asociaciones vecinales y la oposición (PSOE e IU). A raíz de una pregunta de Carnero en 2004, la Comisión Europea inició un expediente sancionador, aún abierto, contra España en 2006 porque las obras de la M-30 vulneraban la legislación medioambiental comunitaria. El Consistorio ralentizó este procedimiento tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo europeo: Bruselas no paralizaría las obras si el Ayuntamiento se comprometía a realizar la evaluación de impacto una vez finalizada la reforma de la M-30.

"La declaración ambiental es una medicina preventiva que debiera servir para evitar que el paciente enferme. Ahora se ha convertido en un medicamento paliativo que no cura las dolencias", afirma Carnero.

Le toca mover ficha al Ayuntamiento y cumplir su parte del pacto con la Comisión: deberá presentar un estudio sobre las obras hechas en la M-30. La Consejería de Medio Ambiente tendrá que elaborar la declaración de impacto ambiental.