El PP colocó en una filial de Bankia a la esposa de un consejero de Aguirre

Mayte Jiménez, la esposa de Salvador Victoria, el consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Esperanza Aguirre, es miembro del Consejo de Administración de una filial de Caja Madrid, pese a que ni su experiencia laboral ni su formación académica justifican su presencia en el mismo. Los consejeros de este órgano se reúnen unas cuatro veces al año y cobran 1.800 euros brutos al mes en concepto de dietas.

Jiménez fue nombrada consejera de Caja Madrid Pensiones, empresa participada por Bankia, el 9 de junio de 2009. En ese entonces, Victoria era secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. En el currículo adjunto al nombramiento, tras ser colocada por el PP, se detalla que Jiménez, de 43 años, es desde 2008 "adjunta a la dirección" de una escuela infantil de Las Rozas. Con anterioridad trabajó como secretaria del gerente de una multinacional sueca y como responsable del departamento comercial de otras dos empresas de ese mismo sector. Su primer empleo fue el de secretaria de una comercializadora de maquinaria industrial.

Los datos académicos tampoco justifican que haya sido nombrada consejera en una empresa participada por una caja ni demuestran que haya tenido alguna formación en una rama tan específica como es la de las pensiones. Jiménez dice en su currículo que es diseñadora, acabó COU, no tiene titulación universitaria y posee un nivel medio en inglés. Una portavoz de Salvador Victoria señaló que el consejero no quiere valorar esta información al entender que se trata de un asunto relativo "al ámbito familiar".

Jiménez coincide en el Consejo con Nieves Alarcón Castellanos, la esposa del secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, en el cargo desde 2008. Este asunto ya trascendió cuando Granados hizo públicos sus bienes a raíz de conocerse que una promotora inmobiliaria construía una mansión en Valdemoro por encargo del consejero. El entorno de Granados continúa justificando la presencia de Alarcón en el Consejo aludiendo a que es economista y profesora universitaria. Ambos nombramientos se produjeron cuando Miguel Blesa era presidente de Caja Madrid. El de Jiménez coincide con la batalla interna en el PP por el control de la caja, que al final recayó sobre Rodrigo Rato. La opción del exministro prevaleció sobre la de Aguirre, que quería en el cargo a Ignacio González, su mano derecha.

Un exmiembro de una filial de Caja Madrid explica que el cargo que ostenta Jiménez teóricamente lo deben ocupar expertos en la materia, profesionales de prestigio, que con sus ideas y propuestas aporten un valor añadido. En la práctica, el peso de los Consejos a los que asistió esta fuente recayó sobre los técnicos. Los partidos suelen utilizar este tipo de comisiones para colocar a personas cercanas. La Ley de Cajas de Ahorros se modificó para frenar este tipo de prácticas poco éticas.

Responsables de PSOE e IU, por su parte, evitaron realizar una valoración sobre esta información antes de su publicación.

Salvador Victoria compatibiliza su cargo de consejero con la presidencia del comité jurídico del PP. Victoria posó el 11 de octubre para los fotógrafos con una denuncia por un supuesto fraude de tres asociaciones que venden en sus sedes las camisetas verdes, símbolo de la protesta por los recortes educativos de Esperanza Aguirre. La presidenta dijo en la Asamblea de Madrid que la venta de la prenda "es un negociazo". La consejera de Educación, Lucía Figar, añadió: "Lo que no saben los profesores que compran las camisetas es que hay algunos forrándose". Esa fue la estrategia con la que el PP intentó frenar el eco mediático y social por la protesta de los rectores. Miles de personas se echaron a la calle como muestra de descontento. Victoria, uno de los nuevos rostros de la política madrileña tras las elecciones del 22-M, se erigió entonces como la persona que iba a velar para que esta supuesta "trama" favorecida pagase impuestos. Su idea era que las asociaciones no recibieran más subvenciones, su principal fuente de ingresos. Los sindicatos y las asociaciones denunciadas interpretaron este movimiento como una muestra de "matonismo político", una "cortina de humo".