Indignados e ignorados en la Cuesta de Moyano

Hubo un campamento antes de Sol, aunque nadie lo recuerde. El 30 de abril un grupo de cooperativistas decidió instalarse en la Cuesta de Moyano. Y ahí siguen en grupos de no más de 20 personas, por exigencias de la policía. Algunos llevan 14 años esperando su casa y por el camino se han dejado de 40.000 a 70.000 euros de media. Sobre el suelo en el que debían levantarse sus viviendas solo hay un erial. Los futuros barrios de El Cañaveral, Los Berrocales o Los Ahijones (distrito de Vicálvaro) solo existen en planos, como hace 15 años. A 1.700 metros del kilómetro cero también se duerme al raso, se recogen firmas y hay indignación, mucha.

Aquilina Martín, de 57 años, advierte de que ni con una grúa la levantan del campamento y muestra la cicatriz de guerra que tiene en la pierna. A principios de los noventa le alcanzó una lata de humo de la policía en una protesta de los afectados por la estafa de la cooperativa PSV, vinculada a UGT. Aunque Aquilina no estaba implicada, participó muy activamente en las concentraciones porque varias de sus amigas sí perdieron sus ahorros. "Digo que soy de la PSV porque luché como la que más", dice. Años después de todo aquello, Aquilina aconsejó a sus dos hijos entrar en otra cooperativa. "El banco, el registro oficial y todo el mundo decía que la gestora Ofigevi era segura", explica. Y decidió volver a confiar.

Unas 15.000 familias llevan más de 10 años esperando sus casas

Los afectados han perdido de 40.000 a 70.000 euros de media

Ofigevi, actualmente en concurso de acreedores, cobró por adelantado 48 millones de euros en concepto de gestión, sin haber levantado ni una casa. Sus 6.100 socios, tras más de una década pagando mensualmente las cuotas para sus pisos, han llevado el caso a los tribunales. Quieren demostrar que fueron víctimas de una estafa.

Aquilina coge el metro hasta Atocha desde Valdebernardo todas las mañanas y se sienta a ganchillar y recoger firmas. Cada día hace con hilo una funda para el móvil. Ya lleva 25. Por la tarde, cuando sus hijos salen de trabajar se acercan al campamento y, si les toca, se quedan a dormir. Cada uno ha perdido 67.000 euros y el pequeño aún sigue viviendo en casa de sus padres. "No quiero nada del Ayuntamiento ni del Ministerio, solo quiero lo mío", reclama su madre.

Los afectados viven una situación dramática: a la pérdida del dinero y a no tener casa, se suman las exigencias de Hacienda. El fisco les pide que devuelvan los intereses que generó la cuenta ahorro vivienda que abrió la mayoría para comprar su casa. Las normas de ese tipo de cuenta, con amplios beneficios fiscales, exigen que todo el dinero se invierta en una vivienda, por lo que si no hay casa, hay que devolver los intereses.

Así está Javier Plaza, que pedalea en una bicicleta estática al lado de la mesa de firmas. Tiene 32 años y lleva trabajando desde los 16. En 2005 entró en una cooperativa que prometía construir en Los Berrocales. Pidió un crédito para conseguir el montante inicial que le exigían para ponerse al día con los pagos e igualar al resto de cooperativistas. Desde la casa de su madre, en la que aún vive, paga religiosamente cada mes la cuota del préstamo bancario. Ni rastro de su casa.

Plaza es de los que hace turnos para quedarse a dormir. Para que no les desalojen, los acampados tienen prohibido instalar tiendas de campaña y duermen sobre varias esterillas. Comparte "cama" con los hijos de Manuela Serrano, también afectados. Manuela representa a los suyos en el campamento mientras ellos están trabajando. Con los 800 euros de su pensión de viudedad, y con un dinerillo que saca de cuidar a una mujer mayor, esta mujer de 60 años mantiene a dos de sus hijos. Junto a Aquilina son dos de las madres que dan en la calle la batalla por los suyos. Luchan y se quejan: ¿dónde están los 15.000 afectados del sureste? Ninguno de los cooperativistas que están en el campamento entiende por qué no se les suman más afectados. Creen que si fueran más, quizás alguien les escucharía. "Con la PSV conseguimos las casas porque se luchó de verdad. Encerrados en una iglesia y en la calle", recuerda Aquilina.

Hasta el momento, lo que sí han conseguido es poner de moda la acampada de protesta en la ciudad. Tras ellos se instalaron los bomberos, para exigir una mejora de sus condiciones laborales, y después llegaron los indignados de Sol, para exigir una democracia real. Los cooperativistas quieren algo mucho más concreto: la casa que han pagado. Hoy cumplen 26 días en la calle.