El Gobierno recurre las excedencias médicas de Aguirre

La Ley de Cajas no es la única norma de Esperanza Aguirre que va a impugnar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo de Ministros aprobó ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional el artículo 12 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (ley de acompañamiento de los Presupuestos), publicada en diciembre pasado.

Ese artículo se aprobó con el objetivo de incentivar a los profesionales sanitarios para que se trasladaran a los nuevos hospitales de gestión privada o mixta pública y privada. Los funcionarios de la sanidad (el personal estatutario fijo) que pasaran a "prestar servicio en instituciones sanitarias creadas al amparo de nuevas fórmulas de gestión promovidas por la Consejería de Sanidad, incluidos los centros sanitarios con concesión administrativa", se beneficiarían de mejores condiciones que las que se recogen en la ley estatal en caso de volver a su plaza original tras una excedencia.

El Estatuto Marco del Personal Sanitario de los Servicios de Salud, de aplicación en todas las comunidades, recoge que el funcionario tiene derecho a reincorporarse a su plaza en un máximo de tres años y que el tiempo que haya trabajado bajo otro régimen jurídico le computa para la antigüedad. La norma que aprobó Aguirre amplía el plazo de reincorporación de forma indefinida y además de la antigüedad cuenta el tiempo en excedencia a efectos de carrera profesional.

Suspensión cautelar

El Gobierno central asegura que con esta medida se vulnera "una norma básica vinculante para las comunidades", lo que puede suponer "una extralimitación competencial de Madrid". El recurso suspende cautelarmente la aplicación del artículo durante cinco meses.

"La Comunidad pretendía incentivar a buenos profesionales para que se fueran a los nuevos hospitales privados, mientras dejaba sus vacantes sin cubrir en los públicos", critica el secretario de política institucional de CC OO. "Ofreciendo mejores condiciones roba médicos de especialidades escasas a otros hospitales". Según UGT, la suspensión afectará a los más de 5.000 profesionales que se trasladaron a los nuevos hospitales mediante la reordenación de efectivos que impulsó la consejería. "Se quedan en el limbo", asegura la secretaria de políticas de empleo del sindicato, Encarnación Parra.