Frenado un tercer desahucio

Decenas de personas madrugaron ayer para paralizar el desahucio por impago de hipoteca de una vecina de Pueblo Nuevo que tiene a su cargo a un hijo de 25 años con un 77% de discapacidad.

Al portal del edificio, a un paseo de la estación del metro de Pueblo Nuevo, fueron llegando indignados llamados por asambleas de barrio del 15-M, simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), afectados y periodistas. Las convocatorias para frenar desahucios han logrado un gran poder de asistencia y repercusión mediática.

Al contrario que en otros desahucios que ya han sido paralizados, a la zona no llegaron policías. La cita para el lanzamiento -nombre de esta fase de los desalojos- era a las 9.30, pero a esa hora unas 200 personas bloqueaban la calle y el acceso al edificio. "¡Dación en pago, es la solución!", coreaban los asistentes, algunos en paro, otros estudiantes o jubilados, como María, de 75 años, que se desplazó desde Alcalá de Henares, "porque es una injusticia y pienso ir a todos".

El de ayer es el tercer caso que convoca la PAH Madrid y es bastante complejo. Los problemas de María José, la mujer afectada -que no ha salido de su casa y de la que solo ha trascendido el nombre-, se remontan a hace 18 años, cuando hipotecó su piso para ayudar a su expareja a saldar una serie de deudas. En 2002, terminada esa relación e incapaz de asumir sola las cuotas, acudió a una reunificadora de deudas que le tramitó un nuevo préstamo con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que le concedió 157.000 euros. Hoy, la entidad le reclama 200.000 euros, una cifra lejos de las posibilidades de esta mujer, que ingresa 520 euros por tener un hijo discapacitado a su cargo y 168 euros por la Ley de Dependencia. También vive con ella una hija de 24 años licenciada y en paro.

La familia ha solicitado una alternativa al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que les ha informado de que tardarán tres años en asistirles y les han aconsejado que acudan a un albergue. Eloi Morte, de la PAH, ha insistido en que el objetivo es lograr una alternativa habitacional o un alquiler "social" que les permita quedarse en el piso por un 30% de sus ingresos. Tras cuatro horas de espera, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid informó a mediodía de que, "por motivos de orden público", aplazaban el desalojo hasta nueva orden.

También tendrá que esperar el desahucio, previsto para hoy, de una mujer y sus dos hijos en un inmueble del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) situado en Leganés. El Juzgado de Primera Instancia Número 69 de Madrid lo ha aplazado de manera cautelar.