Contratos millonarios para el compañero de viaje de González

La empresa de seguridad Segurisa (Servicios Integrales de Seguridad, SA) ha sido adjudicataria de dos contratos de la Comunidad de Madrid que suman 59,3 millones de euros. Su presidente, Enrique Sánchez González, viajó a Johanesburgo en marzo de 2008 con el número 2 del Gobierno de Esperanza Aguirre y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González. Fue un viaje privado que aparece en el informe de un seguimiento parapolicial a González.

La presunta acusación del dossier (cuya existencia fue revelada por EL PAÍS) era que el viaje suponía un regalo a Ignacio González por la adjudicación de contratos públicos millonarios a Segurisa. El informe incluye una fotocopia de los pasajes de vuelo de González y de su esposa a Suráfrica. El vicepresidente de la Comunidad señaló a este periódico que había pagado su pasaje "en metálico" y que estuvo en Johanesburgo para visitar al embajador de Suráfrica que es amigo suyo.

La empresa dejó sin cubrir "hasta el 50%" de los servicios, según Metro

Respecto al presidente de Segurisa, Ignacio González fue tajante: "No es amigo mío, ni le adjudiqué nada". Pero la empresa de seguridad resultó adjudicataria de dos contratos para prestar servicios de vigilancia entre 2005 y 2006. Uno en el Canal de Isabel II, por dos años prorrogables a cuatro, y otro en Metro, que fue rescindido antes de tiempo por incumplimiento de contrato, según confirmó ayer a EL PAÍS la empresa que gestiona el suburbano.

El primer contrato a Segurisa data de octubre de 2005. La empresa resulta adjudicataria de los servicios de seguridad y vigilancia en las oficinas centrales y otras dependencias del Canal de Isabel II, del que ya era presidente Ignacio González.

El periodo propuesto en el pliego del concurso convocado por la vicepresidencia era de dos años prorrogables a dos más a razón de 19.423.665 euros anuales. El procedimiento era restringido, una figura incluida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que supone que el adjudicador invita al concurso a un número determinado de empresas.

Segurisa obtuvo la concesión por 33.489.078 euros, cinco millones menos que el presupuesto de salida (38.847.330 euros). Y actualmente sigue al frente de la seguridad en el Canal, según confirman trabajadores de la empresa.

En el segundo contrato público, firmado seis meses después, Segurisa aparece entre las adjudicatarias de la vigilancia de Metro de Madrid.

El servicio de seguridad en el suburbano se divide por líneas y tramos que se repartieron en cinco contratos a los que optaron nueve empresas diferentes en 2006. El plazo era de dos años prorrogables a cinco. A Segurisa le correspondieron 25,9 millones de euros -la cuantía más baja de las cinco adjudicaciones- por prestar servicio en la línea 3 y en un tramo de la línea 4. Pero no llegó a cumplir ni siquiera los dos primeros años. Metro le rescindió el contrato en enero de 2007, nueve meses después de la adjudicación, por "incumplimiento" de la empresa, según un portavoz del suburbano. Ese incumplimiento supone que Segurisa dejó sin cubrir "hasta el 50% de los servicios" a los que se había comprometido, según Metro, al no aportar el número necesario de trabajadores a sus tramos de la red. El portavoz de la empresa pública del suburbano asegura que Segurisa sólo ha cobrado "la parte proporcional del dinero" por el servicio prestado durante el tiempo que el contrato estuvo en vigor. No especificó la cantidad. Segurisa, creada en 1988 y con sede principal en Madrid, dispone de 1.326 empleados.

Las líneas de metro que gestionaba Segurisa fueron repartidas entre otras tres empresas. Antes de la rescisión, fue una de las adjudicatarias que se vieron envueltas en el escándalo de las agresiones de los vigilantes de Metro a viajeros. En uno de los vídeos difundidos por EL PAÍS, un trabajador de seguridad de la línea 3 con uniforme golpeaba a un pasajero junto a la puerta de salida de una estación.

Este periódico intentó recabar ayer sin éxito los testimonios de Enrique Sánchez González y de Ignacio González sobre las adjudicaciones de ambos contratos públicos.

Ignacio González denunció a la Fiscalía de Madrid los seguimientos durante dos viajes a Colombia y a Suráfrica recogidos en dos informes. El titular del Juzgado número 47 de Madrid ordenó el pasado 26 de enero incoar diligencias al hallar indicios de delito en la denuncia del vicepresidente del Gobierno regional.

En el dossier de la visita de González a Johanesburgo aparece una fotocopia de los billetes de avión del vicepresidente y de su esposa. La presunta acusación del informe era que el viaje era un regalo de Enrique Sánchez González como supuesto pago por la adjudicación de contratos públicos millonarios. El documento refleja que Ignacio González pagó su viaje y el de su mujer (unos 8.000 euros) en metálico. González aseguró a EL PAÍS que los abonó así porque le venía bien. El número 2 del Gobierno de Aguirre negó entonces que fuera amigo del presidente de Segurisa y que le hubiera adjudicado nada.