La Comunidad traslada a la carrera a más de 300 dependientes

No tuvieron ni 24 horas para moverse de la que había sido su casa durante los últimos cuatro lustros. El detonante fue el cierre el pasado jueves y sin previo aviso de tres centros de discapacitados dependientes de la Comunidad de Madrid. Tres instalaciones casi centenarias que atendían a 305 personas -Fray Bernardino, Magerit y Arganda-. El cierre, de rebote, afectó ayer a la residencia de ancianos Carabanchel. Los 72 mayores que vivían allí se tuvieron que distribuir en otras dos instalaciones (Vistalegre y la Gran Residencia) porque debían hacer sitio para que allí se instalen los discapacitados que provienen de Fray Bernardino. Se les avisó ayer mismo. Sin casi tiempo. Muchos de ellos yacen en sus camas enchufados a aparatos. La agitación se extendió por el gran complejo asistencial de la calle de General Ricardos, unos terrenos cedidos en su día para obras caritativas por el Marqués de Salamanca.

La plantilla del Magerit sigue encerrada desde hace 48 horas

"No somos trastos que se puedan mover de un día para otro"

Delfina Muelas, una anciana de 102 años, murió poco después de llegar a su nueva residencia. Otros mayores sufrieron "desorientación" y casi todos "lloraron al despedirse porque llevaban más de 20 años allí", según el testimonio de una trabajadora de la residencia que describe cómo los residentes, muchos de ellos con la movilidad muy reducida y de salud muy precaria, "se abrazaban como niños". La salud de Muelas "era delicada, pero no era de las que estaban peor", según una de sus cuidadoras.Algunos de los familiares también clamaban por la precipitación: "¿No podían esperar un par de meses? Nuestras familias no son trastos que se puedan mover de un lado para otro".

Los allegados de las personas afectadas y los trabajadores mostraron ayer su disconformidad con la medida. En Arganda protestaron mediante una cacerolada y en el centro Magerit la plantilla mantuvo un encierro que ya dura más de dos noches. No fue el único acto de protesta. Una de las arterias principales del distrito de Carabanchel, la calle General Ricardos, quedó cortada unos minutos por la tarde durante las protestas de los familiares y plantilla implicada en los cambios.

La consejería, a través de Américo Puente, Director Regional de Bienestar Social, explicó la secuencia de los hechos concediendo que se había "montado un poco de follón". Puente afirma que el pasado mes de octubre su departamento encargó un informe sobre el estado de estos edificios, que datan de los años veinte del pasado siglo y que eran reparados frecuentemente por grietas y humedades. Dichos análisis les llegaron "entre enero y finales de febrero" y descubrieron "que podría haber algún daño estructural". Los informes son superficiales, aunque advierten de que "puede haber peligro". Una vez recibidos los estudios se trasladaron a los departamentos respectivos, que son los que toman la determinación de cerrar las instalaciones, "porque la integridad de las personas es lo más importante", subraya Puente.

Una percepción de los hechos con la que no comulgan las dos responsables de políticas sociales del PSM, Pilar Sánchez-Acera y Carmen Sánchez Carazo. "La explicación es racional, pero lo que no es lógico es que avisen con 24 horas de antelación y encima que haya daños colaterales. Quizá la razón verdadera sea que se les ha intentado trasladar en otras ocasiones y la protesta de los familiares y trabajadores lo consiguió frenar", apunta Sánchez Acera. "Lo insólito es que no lo arreglaran bien antes. Hay falta de previsión y además no tienen nada presupuestado para arreglarlo en el futuro", agrega Sánchez Carazo. El PSM pedirá explicaciones en el Parlamento regional el próximo jueves.

Según el director regional de Bienestar Social se ha invertido en los tres centros clausurados "más de un millón de euros en los últimos cuatro años". También precisa que su compromiso es mantener las plantillas intactas, "incluidos el personal laboral y los contratos temporales".

Francisco Jiménez es una de las personas que pasaron otra noche en vela encerradas en el centro Magerit. Jiménez, delegado de UGT, explica la postura de los trabajadores: "No nos han concedido ni una sola de las cosas que habíamos pedido en la negociación. Eran cosas para los usuarios. Por ejemplo, que no les separasen, porque llevan algunos de ellos muchísimos años juntos. También que no disgreguen al grupo que trabajaba con ellos".

Los sindicatos CSIT, UGT y CCOO presentarán en los próximos días un documento para negociar con la Comunidad de Madrid que cuando finalicen las obras todos los usuarios y trabajadores vuelvan a sus centros de origen y que a estos últimos se les respeten sus categorías, horarios, turnos y calendario laboral.

Unas peticiones que, por el momento, no se van a cumplir. Puente confirma que los usuarios del Magerit se tendrán que distribuir "entre cinco o seis centros de Madrid". Es el único centro de los tres clausurados cuyos beneficiarios no se mueven en bloque. Los más de 100 que albergaba el de Arganda se mudan a la residencia para mayores de esta localidad, aunque el alacalde popular, Pablo González Sardinero, se ha ofrecido a mediar con la Comunidad para hallar "alguna solución". Los de San Bernardino, algunos de ellos internos, ocuparán la residencia de Carabanchel en la que hasta ayer vivían los 72 ancianos que tuvieron que hacer precipitadamente las maletas junto con todo su equipo de cuidadores. En realidad, hacer las maletas no es una descripción muy exacta. Casi todos ellos fueron trasladados en ambulancias.