Pablo Soto, el héroe de las descargas libres, prohíbe la copia de sus programas

El maniqueísmo es mucho más peligroso que la gripe A (anteriormente llamada porcina o mexicana). En la polémica de las descargas por Internet, se trata de un ejercicio muy sencillo: a un lado los que descargan (descargamos), excelsos y piadosos defensores de la cultura libre; del otro, las discográficas y los estudios cinematográficos, diabólicos e inmisericordes buitres que sólo buscan forrarse. Pero todo tiene sus matices. Algunos son sustancialmente reveladores. Como, por ejemplo, que Pablo Soto, el joven programador que ha sido llevado a juicio por las discográficas por diseñar programas para descargar música, proteja el software creado por él bajo los derechos de autor.

En efecto, cuando cualquier usuario intente descargarse uno de los programas creado por este genio autodidacta, como Blubster, Manolito o Piolet, le sale un aviso que le advierte que dichos programas están sujetos a derechos de autor, de acuerdo a las leyes internacionales y, en particular, a las de Estados Unidos y España.

Así, por ejemplo, cuando un usuario descarga Manolito, uno de los mejores programas en el mercado para bajarse música, aparece el siguiente mensaje: "El software está protegido por derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual, y por tratados internacionales. Reconoce que no se le transfiere ningún derecho derivado de la propiedad intelectual de este software. También reconoce que todos los derechos de propiedad relacionados con el software seguirán siendo propiedad exclusiva de MP2P Technologies. [...] El usuario tendrá derecho a 1 (una) copia de software para su uso en 1 (un) dispositivo informático. El usuario podrá, sin embargo, hacer 1 (una) copia adicional del software sólo con objeto de ser una copia de seguridad. El usuario no podrá, bajo ningún concepto, volver a distribuir los componentes ejecutables, ni partes de los mismos ni para su uso exclusivo íntegro dependiente de su propio software. El usuario no podrá, bajo ningún concepto, volver a distribuir el software como anteriormente se menciona sin abonar los royalties correspondientes a MP2P Technologies".

Es decir, que el héroe de las descargas libres prohíbe taxativamente la copia de su propio programa, e insta a pagar los derechos de autor a su empresa en caso de copia. ¿Nos llevarían a juicio los abogados de Soto -David Bravo y Javier de la Cueva- si colgamos el código fuente de Manolito en Internet?

Pocos dudan de que Pablo Soto es un genio. Sin pasar por la universidad, de forma autodidacta y con apenas 20 años fue capaz de diseñar programas que rivalizan con éxito con los renombrados internacionalmente como eMule o Ares. Pero, desde luego, no ha optado por la corriente conocida como software libre, que da libertad a los usuarios sobre cualquier programa adquirido para ser usado, copiado, modificado y redistribuido libremente. Linux el sistema operativo rival del Windows de Microsoft, es el ejemplo señero de software libre. Se puede copiar y reproducir sin pagar un euro.

La Asociación de Productores de Música de España (Promusicae) y las multinacionales Warner, Universal, Emi y Sony le piden a Soto 13 millones de euros por el perjuicio causado al haber violado presuntamente la propiedad intelectual de las obras del catálogo de sus artistas sin pagar los correspondientes derechos de autor. Soto dice que el no es reponsable del uso que hagan los usuarios de una herramienta tecnológica como es un programa de software. El juicio está pendiente de sentencia.

Y como este tema se ha convertido en un asunto de militancia, es preciso puntualizar que los abogados de Soto han vetado a EL PAÍS por considerarle un medio hostil tras publicar la primera sentencia penal en España -aceptada por el acusado- en la que se condenaba al propietario de la web Infopsp por facilitar enlaces para descargas por Internet, y que destacados defensores de la SGAE, como el presentador Gran Wyoming, han acusado a EL PAÍS de realizar una campaña contra la sociedad de gestión de derechos y contra los legítimos derechos de los creadores.