Asociaciones de consumidores denuncian una subida de tarifas telefónicas encubierta

Dos noticias con un hilo común, según varias asociaciones como la Asociación de Internautas (AI) o la Federación de Consumidores en Acción (Facua). Ayer entró en vigor la ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas que obliga a las operadoras a identificar a todos los dientes de prepago. Ayer también Telefónica anunciaba sus nuevas tarifas para el mes de enero, con un incremento del establecimiento de llamada del 25% y una reducción del precio por minuto que oscila entre el 8 y el 18%. Las asociaciones consideran que esta revisión de tarifas encubre una subida encubierta que trata de compensar precisamente el coste que va a tener para las compañías las nuevas exigencias sobre conservación de datos.

La AI estima que, al igual que Telefónica, el resto de las compañías aplicarán nuevas subidas para enjugar estos costes. Y es que el Gobierno, tras los atentados del 11-M, decidió llevar a cabo una de las legislaciones más exigentes de la UE en materia de control de las comunicaciones duras, pero claro, sin destinar un solo euro a su financiación, que corre a cargo de las empresas.

Movistar, Vodafone, Orange y ONO han echado cuentas y han cifrado en 50 millones de euros el coste que les va a suponer las medidas a las que le obliga la ley, como la identificación de los 19 millones de clientes de prepago y la creación de un registro de llamadas que se ponga a disposición de la Policía en caso de delito y siempre bajo mandamiento judicial.

Llamadas más caras

Tanto la AI como otras asociaciones denuncian que Telefónica está llevando a cabo una subida encubierta del precio de sus llamadas porque, aunque rebaje el precio por minuto, amplía el tiempo en el que aplicará el horario normal en lugar del reducido para las llamadas a móviles. En la misma línea Facua cifra la subida del precio de las llamadas de fijo a móvil hasta en un 42% en 2008.

A partir del 1 de enero, el horario normal será de lunes a viernes de 8.00 a 22.00, y los sábados de 8.00 a 14.00 horas, mientras que el reducido será de lunes a viernes, entre las 22.00 y las 8.00 horas, los sábados entre las 14.00 y las 8.00 horas, y los domingos y festivos nacionales durante todo el día.

Según la Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (ADECES), los usuarios pagarán más caras sus llamadas desde el teléfono fijo de Telefónica a móviles en horario normal: un 3% si se llama a Yoigo; un 22% si se llama a Movistar; y un 17% y un 14% según se llame a Vodafone u Orange.

Con el DNI en la mano

La normativa de ley de conservación de datos ya ha comenzado a tener efectos. Las 20.000 tiendas de operadoras y de distribuidores que hay en toda España han comenzado a pedir la identificación a los compradores de nuevas tarjetas prepago, que deben aportar su nombre, nacionalidad y acreditarla con un documento (DNI, pasaporte, tarjeta de residente). Los 19 millones que ya poseen un prepago tienen un plazo de dos años para identificarse. Al término del mismo, les será retirado el número de teléfono.

Las operadoras socias de Redtel ya han dispuesto procedimientos de actuación para involucrar a sus redes de distribución (con cerca de 20.000 puntos de venta en todo el territorio) en el cumplimiento del nuevo marco legal. Los mecanismos dispuestos se perfeccionarán y optimizarán progresivamente con la participación activa de los distribuidores y la cooperación del sector con las autoridades.

Sin garantías judiciales

No todos están de acuerdo con la ley. Algunos como la AI consideran que la ley de conservación de datos no establece un verdadero control judicial porque si bien es cierto que la policía necesita autorización judicial para acceder a los datos, también lo es que la interceptación de las comunicaciones se lleva a cabo de forma sistemática e indiscriminada, sin que medie una orden judicial.

Según la AI, los datos no se entregan al juez para que decida cuáles son relevantes para la investigación y cuáles no, ni se incorporan a ningún tipo de diligencias previas, sino que se entregan directamente al agente facultado, quien podrá disponer de ellos a su antojo sin control Judicial alguno.

Esta ausencia de control judicial permitirá que se reinvente la práctica desterrada por el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado de realizar investigaciones predelictuales o de prospección desligadas de un hecho delictivo concreto, para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qué se quiere descubrir. Por eso, la AI va a llevar el caso ante el Defensor del Pueblo y no descarta tomar otro tipo de acciones más adelante.